(Publicado el 19 de noviembre de 2001 en El Día)
“Los impuestos deben ser la herramienta para
redistribuir el ingreso, la palanca del progreso”.
David Ricardo*
Mientras la Secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, impresionaba a la Primera Ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, inaugurando una lechería de Liconsa en Temoaya, Estado de México, y entregando recursos del Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) por 42.3 millones de pesos para impulsar proyectos de 84 organizaciones de la sociedad civil que supuestamente se aplicarán en las regiones más pobres del país; la representante de Nueva Zelanda, país que vende el mayor número de toneladas de leche en polvo a Liconsa, comprometía a su gobierno a seguir apoyando el programa social de Liconsa ya que, dijo, es evidente que el producto alimenticio llega a familias de escasos recursos.
Lo que no le dijeron a la Primera Ministra Helen Clark, es que la política del actual Gobierno Federal consiste en recortar todos los apoyos al abasto popular y dejar sin subsidio alguno a los consumidores de este país. Seguramente, también le ocultaron el reciente aumento de precio del litro de leche, la liberación del precio de las tortillas, el neoliberalismo galopante inventado en otras latitudes e impuesto en este país, como requisito sine qua non para ser parte del concierto internacional.
Pero también la Primera Ministra Helen Clark nos ocultó que la leche en polvo que nos venden está a la libre oferta y demanda y que su país no nos hace ningún favor ni aplica algún subsidio para beneficiar a los millones de pobres que habitan la tierra mexicana.
Mientras pomposamente se corta el listón inaugural de una lechería, perteneciente a una empresa que paulatinamente recorta subsidios, el Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz da a conocer un recorte al presupuesto de egresos para el 2002 en el rubro gasto social. El próximo 22 de noviembre dicho Secretario comparecerá ante el pleno de la Cámara de Diputados y será agriamente cuestionado, pues los parlamentarios han interpretado ese proyecto de recorte como una amenaza de tomar como rehén a las clases populares en caso de que el Congreso no apruebe la reforma fiscal que plantea aumento del IVA sobre alimentos y medicinas.
Es necesario aumentar el gasto social, sobre todo el que tiene que ver con el campo, con los indígenas, con la educación y con el desarrollo social; así como reducir el presupuesto para gastos burocráticos, principalmente en las altas esferas del gobierno. Independientemente de que se apruebe o no el proyecto de reforma que el Gobierno Federal ha propuesto al Congreso de la Unión, habrá que fortalecer las finanzas para la atención a las clases de menores ingresos; desde luego, se corre el riesgo de afectar algunas dependencias de la administración pública, como la Secretaría de la Reforma Agraria o la Secretaría de la Contraloría, verdaderos elefantes blancos y verdaderos “chupones” al presupuesto federal.
Mucho habrá que decirle al Secretario de Hacienda y seguramente mucho callará Gil Díaz a la opinión pública; habrá que increparle y exigirle explicación sobre el subejercicio de este año y la existencia de recursos sin gastar mientras la obra pública brilla por su ausencia en todo el país; habrá que espetarle la disminución al presupuesto en seguridad pública, rubro que constituye el principal reclamo en las zonas urbanas de nuestro territorio. Escucharemos, sin duda, muchos proyectos ilusorios, cifras sin fundamento, verdaderas entelequias, metas de inflación de un solo dígito para el 2002, un déficit fiscal inferior al 2% del producto interno bruto, se nos ofrecerá transparencia en el gasto público y reservas monetarias internacionales por encima de las que tenemos actualmente. Tal será la vehemencia del Secretario Gil, no nos quedará más que felicitarlo por su extraordinaria dedicación al servicio público, seguramente los diputados se conmoverán hasta las lágrimas ante su patriotismo.
La actual política económica del Presidente Fox y su gabinete, continúa presionando para modificar el esquema jurídico de la banca de desarrollo, con el afán de otorgarle a la banca comercial mayor autonomía de gestión; se planteará también, transformar el esquema bajo el que opera el Sistema de Ahorro para el Retiro. Los observadores esperamos que estas expectativas se queden en proyectos y no se otorguen más elementos de ventaja a la banca comercial privada.
El nuevo marco pretende acorralar a los Bancos del Gobierno en un callejón en el cual sería prácticamente imposible hacerle la menor sombra a la nueva generación de banqueros. De hecho, los Bancos Nacional de Comercio Exterior, Nacional de Crédito Rural y la Nacional Financiera tienden a desaparecer.
El proyecto de presupuesto significa un descenso de más 70 mil millones de pesos en relación con el monto social aprobado para el 2001. Las mayores reducciones recaen en el IMSS y en el ISSSTE.
Al primero se le presupuestaron 85 mil 491 millones de pesos, 14% menos que en el 2001; mientras que el financiamiento de la salud y seguridad social de los trabajadores estatales se vio reducido en un 51%, al asignársele 22 mil 399 millones de pesos. Los gastos en desarrollo regional y urbano observan una caída de 24%, el de salud 9.7%, el de educación 1.5%, el de abasto y asistencia social una baja de 1.7%, en agricultura una reducción de 8.1%, en comunicaciones y transportes 5.6%, y la Policía Federal Preventiva, brazo operativo de la SSP, tendrá 4.6% menos recursos. Por otra parte, y no obstante que el sueldo del Presidente quedará oficialmente por abajo de la inflación prevista para el 2002, los salarios de los mandos medios tendrán un aumento de por lo menos el 6%, lo que significa que los burócratas de alto nivel no verán disminuidos sus ingresos.
En síntesis, podemos afirmar que este presupuesto es profundamente antidemocrático pues no toma en cuenta los intereses del Congreso ni los anhelos de la mayoría de los mexicanos; es un arma que toma como rehén a los intereses populares y presiona a los legisladores para aprueben una reforma fiscal de marras que consolidará los intereses del neoliberalismo, enriqueciendo a pocos y empobreciendo a muchos.
*David Ricardo (1772-1823) Economista inglés, miembro de la corriente de pensamiento clásica. Su obra más importante, Principios de Economía Política y Tributación, constituye la exposición más madura y precisa de la economía clásica; en el prefacio afirma que “el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la distribución”. Con ese fi n desarrolló una teoría del valor y una teoría de la distribución.
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