(Publicado el 12 de noviembre de 2001 en El Día)
“Los negocios del Estado deben mantenerse lejos de los
intereses privados; los negocios de los particulares,
distantes de las finanzas públicas”.
Sacarías*
Los problemas por los que atravesamos actualmente han golpeado y vulnerado valores fundamentales de nuestra nación. La impunidad es una constante en todo nuestro territorio; la falta de credibilidad en las instituciones socava la esperanza popular en el futuro; la pobreza extrema en la que se encuentran cuarenta millones de mexicanos, nos pone en el riesgo de la inestabilidad; la falta de proyectos de los políticos y sus partidos, conduce a la apatía por parte de la población, provocando una desmovilización social.
El gobierno demuestra cotidianamente ineptitud e inexperiencia al cometer errores que serían imperdonables para un aprendiz de político; resbala una vez más y utiliza a sus aliados empresarios, para presionar al Congreso Mexicano. El jueves pasado, dirigentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) realizaron una evaluación en la que 305 diputados resultaron con una calificación inferior a 6 en una escala de 10; en otras palabras, reprobaron a esos representantes populares.
El organismo empresarial, terminó echándole más leña al fuego en la confrontación y debate suscitados entre el Poder Ejecutivo y la mayoría de partidos integrantes de la Cámara de Diputados en torno al tema del IVA sobre medicinas, alimentos y libros. Sorprendió la exigencia que los representantes del sector empresarial hicieron a los parlamentarios para forzar a un acuerdo en la reforma hacendaria; nunca antes como ahora, el sector del gran capital se había manifestado ante el legislativo para presionarlo en favor de sus intereses.
También sorprende que ante la actitud beligerante de los empresarios, los dirigentes del sector obrero organizado, se mantengan en silencio o con una voz sumisa.
La Coparmex se ha caracterizado por su oposición a las reivindicaciones obreras; sus integrantes son empresarios que escatiman a sus obreros en cuanto a salarios mínimos y prestaciones dignas, y son los mismos que hoy, hoy, hoy buscan cambiar la legislación laboral, empezando por el artículo 123 Constitucional, quitándole al Derecho mexicano su carácter proteccionista hacia los trabajadores.
Son los mismos que anhelan imponer el sistema yanqui de pago por horas y despido sin liquidación ni responsabilidad para el patrón, pero a la mexicana, es decir, sin seguro de desempleo y con sueldos de miseria. Son ellos, quienes el pasado jueves se atrevieron a exigir una reforma hacendaria que beneficiará únicamente al gran capital, al sector conservador que busca seguir enriqueciéndose, sector con el que está comprometido el actual gobierno federal, que es quien está detrás de dicha maniobra política llevada a cabo por la Coparmex en el Congreso de la Unión.
Todos los sectores de la sociedad reconocen que nuestra democracia se ha perfeccionado y que el voto popular es respetado, pero estamos aún lejos de una verdadera democracia económica, de una justicia social, y de una economía más participativa que amortigüe la pobreza en la que millones de mexicanos están atrapados. El neoliberalismo de moda en este gobierno, va a profundizar la brecha entre los que nada tienen y los que viven con una grosera ostentación, quienes pueden darse el lujo de dejar de pagar impuestos por la deductibilidad correspondiente, y de gastar cien mil pesos en una cena concierto cuyo principal atractivo fue codearse con la rancia y nueva aristocracia y con los dueños del timón de la política actual.
Si en México se sigue concentrando la riqueza, se va seguir frustrando el verdadero desarrollo. Es vigente la lección de Antuñano: “no es posible un verdadero desarrollo si la riqueza se acumula en unas cuantas manos, sean muertas o vivas”; de ahí que sea necesario crear y repartir riquezas simultáneamente: crear para repartir y repartir para seguir creando; de lo contrario el pueblo buscará de nueva cuenta hacer la revolución, proceso dialéctico que los que hoy tienen el poder no han aprendido de la historia.
El actual gobierno propicia una política de congelamiento a salarios e ingresos; se predica una política deflacionaria en perjuicio de las clases de menores percepciones y en beneficio de los privilegiados; se quiere reducir el impuesto sobre la renta y gravar con IVA los libros, los alimentos y las medicinas; se pretende que un nuevo impuesto sea la vía para llevar ingresos de las clases pobres a las clases ricas, como dijera el maestro Jesús Reyes Heroles: “partidarios de la abstinencia de los muchos en beneficio de los pocos, del ahorro involuntario de los más, en favor de las ganancias de los menos.”
Se castiga el salario y se privilegia el capital; se dice con demagogia que los sueldos son inflacionarios, como queriendo decir que las clases medias y populares junto con los obreros son los culpables del alza de precios cuando hay aumento a sus raquíticos emolumentos; por lo tanto, se concluye que debemos luchar contra la elevación de los salarios.
Esa es la nueva clase empresarial con sus nuevos trajes partidistas, pero con las mismas ideas de antaño; ahora ya se pueden reunir en el Castillo de Chapultepec, quizá con un poco de imaginación, crean que están en la corte, y visualicen a lo lejos a la reina.
*Seudónimo empleado por Jorge Gaviño Ambriz
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