México da un paso firme hacia la integración de su sistema de salud
«Fortalecer la salud pública no es un eslogan: es una tarea de estado que se construye con hechos.»
Sacarías
Con la entrada en vigor del decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 1 de julio, México dio un paso firme hacia la clarificación, certeza y continuidad en la atención de la población sin seguridad social, especialmente en las zonas más marginadas del país, fortaleciendo así el sistema nacional de salud. Este decreto elimina disposiciones jurídicas que generaban duplicidades administrativas y establece que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se hará cargo de la población atendida anteriormente por el programa IMSS-COPLAMAR, creado a finales de los años setenta para brindar servicios médicos a personas en situación de pobreza y marginación, y que con el tiempo evolucionó en diversas etapas hasta convertirse en el programa IMSS-Bienestar.
Para garantizar esta atención, el decreto instruye al IMSS a establecer mecanismos de compensación y firmar convenios de coordinación con el Organismo Público Descentralizado IMSS-Bienestar, así como con autoridades estatales y municipales, de modo que los recursos utilizados en la atención de la población sin seguridad social sean restituidos al Instituto.
Este paso es crucial para mantener la sostenibilidad financiera y operativa del IMSS, evitando que la atención a población abierta afecte las obligaciones adquiridas con los trabajadores derechohabientes. El financiamiento de estos servicios se cubrirá con recursos presupuestales a través de una cámara de compensación, en la que la federación y las autoridades locales realizarán las aportaciones necesarias, conforme a los costos de atención médica determinados por el IMSS.
El decreto también establece que el IMSS asumirá en propiedad plena todos los bienes muebles e inmuebles operados a través del programa IMSS-Bienestar, garantizando que hospitales, clínicas y unidades de atención continúen brindando servicios tanto a usuarios sin seguridad social como a derechohabientes, al tiempo
que se preservan los derechos laborales del personal de salud que opera en estas unidades, asegurando estabilidad y continuidad en los servicios.
Como informó el director general del IMSS, el Mtro. Zoé Robledo Aburto, este paso implica la incorporación al Instituto de 81 hospitales en 19 entidades federativas, sumando 2,730 camas, 93 quirófanos y 1,098 consultorios, junto con la continuidad de más de 28 mil trabajadoras y trabajadores que operaban estas unidades, lo que representa un avance sustantivo en la consolidación de las estrategias de atención médica a la población con y sin seguridad social. Asimismo, el decreto otorga al IMSS la facultad de transferir unidades médicas a gobiernos locales cuando ello optimice su utilidad en beneficio de la población sin seguridad social, siempre bajo un marco de legalidad y transparencia. Este decreto no establece aún un sistema de salud universal de manera inmediata, pero constituye un paso relevante hacia la integración ordenada del sistema de salud, fortaleciendo al IMSS como actor central en la atención de quienes más lo necesitan, sin duplicar estructuras ni dispersar responsabilidades.
En tiempos en que la claridad institucional es indispensable, este decreto ofrece una ruta de integración, eficiencia y sostenibilidad en la prestación de los servicios de salud, permitiendo avanzar con orden y responsabilidad hacia la progresividad del derecho a la salud para todas las personas en México.
Publicado en El Universal, 3 de julio 2025.
