40 horas: Reforma con consenso

 40 horas: Reforma con consenso

«Llegar juntos es el principio; mantenerse juntos es el progreso; trabajar juntos es el éxito.»

Henry Ford

El 5 de marzo de 1876 se instaló en la Ciudad de México el Primer Congreso General de Obreros de la República Mexicana. Cerca de ciento sesenta delegados, en representación de unas setenta asociaciones, se reunieron para dar forma a una agenda común frente a jornadas que podían superar las catorce horas diarias. Durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, el encuentro expresó una inconformidad social que buscaba cauces organizados. La presencia de Soledad Sosa, destacada activista laborista, abrió un precedente en la participación femenina dentro del movimiento obrero. Aquel congreso colocó en el centro la necesidad de limitar el tiempo de trabajo. El reclamo surgía de las extensas jornadas, la fatiga acumulada y el escaso margen para la vida familiar. La organización nacional permitió transformar quejas dispersas en propuestas colectivas. Desde entonces, la duración de la jornada quedó vinculada con la dignidad del trabajador y con la estabilidad social.

Esa semilla influyó en el proceso que culminó en la Constitución de 1917. El artículo 123 fijó la jornada máxima de ocho horas diarias y el descanso semanal obligatorio. El Estado asumió la responsabilidad de regular el tiempo laboral. Sin embargo, durante más de un siglo, el estándar constitucional se mantuvo en cuarenta y ocho horas semanales distribuidas en seis días.

La reforma recién aprobada modifica ese parámetro histórico mediante una reducción gradual hasta llegar a cuarenta horas semanales en 2030. El esquema establece un descenso progresivo: en 2026 se mantienen cuarenta y ocho horas; en 2027 baja a cuarenta y seis; en 2028 a cuarenta y cuatro; en 2029 a cuarenta y dos; y en 2030 se consolidan las cuarenta horas. Este calendario constituye el núcleo de la reforma. El cambio reside en la transición ordenada y obligatoria hacia un nuevo límite semanal.

La gradualidad busca ofrecer certidumbre a trabajadores y empleadores. Las empresas cuentan con un tiempo definido para ajustar turnos, procesos y costos. Los trabajadores conocen con anticipación el ritmo en que se ampliará su tiempo de descanso. El diseño evita sobresaltos abruptos en la operación productiva y mantiene al Estado como eje rector.

Desde la perspectiva institucional, la reducción a cuarenta horas responde a una evolución histórica del derecho al descanso. El planteamiento original de 1876 aspiraba a frenar jornadas extenuantes. La reforma actual amplía ese principio bajo condiciones económicas distintas. El objetivo consiste en fortalecer la salud física y mental, mejorar la convivencia familiar y elevar la calidad de vida. Además, existen beneficios esperados. Una jornada más corta puede reducir el agotamiento y los riesgos asociados al estrés laboral. Un trabajador con mayor tiempo disponible tiende a mantener una mejor concentración durante su horario efectivo. La redistribución del tiempo también puede incentivar esquemas de organización más eficientes dentro de los centros de trabajo.

No podemos soslayar que el debate público también ha señalado desafíos concretos. Algunos sectores empresariales advierten incrementos en costos operativos, sobre todo en actividades que requieren cobertura continua. La necesidad de contratar personal adicional o reorganizar turnos puede impactar los presupuestos, en especial en pequeñas y medianas empresas. También se ha discutido la posibilidad de extender el límite de horas extraordinarias hasta doce semanales, lo que exige vigilancia para asegurar su pago conforme a la ley. Otro punto de análisis es la forma en que se distribuyan las cuarenta horas. La reforma fija el total semanal, aunque deja margen para definir la organización diaria. La autoridad laboral tendrá un papel relevante en la supervisión y en la emisión de lineamientos que garanticen que el espíritu del descanso efectivo se cumpla en la práctica.

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) respaldó la reforma y destacó su participación en las mesas de trabajo convocadas para su construcción. Su dirigente, Tereso Medina, ha expresado que la reducción de la jornada laboral a 40 horas representa una bandera histórica para la CTM, al considerarla un avance largamente impulsado por el movimiento obrero en favor de mejores condiciones de vida para los trabajadores. No obstante, subraya que su aplicación debe realizarse mediante una implementación progresiva y consensuada, proyectada hacia 2030, con el objetivo de garantizar la estabilidad laboral y la productividad de las empresas. Asimismo, enfatiza la importancia de privilegiar la negociación sobre la confrontación, promoviendo un diálogo tripartito entre gobierno, sector empresarial y trabajadores para asegurar que la reforma no afecte el ingreso familiar. En este contexto, la CTM también acompañará el proceso de armonización de la legislación secundaria, a fin de que la reducción de la jornada se concrete de manera ordenada y equilibrada.

A ciento cincuenta años del primer congreso obrero, la reducción gradual de la jornada representa un avance en la ampliación de derechos laborales. Ahora la tarea consistirá en aplicar la reforma con responsabilidad, supervisión efectiva y diálogo permanente entre sectores.

Publicado en El Universal, 5 de marzo 2026.

 

El orden que impone la fuerza

La creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945 fue un intento civilizatorio. Después de dos guerras mundiales, la humanidad quiso creer que la razón podía imponerse sobre la fuerza y que el diálogo sustituiría al cañón. La Carta de San Francisco consagró la igualdad soberana de los Estados, pero también reconoció, con realismo, que el poder no desaparece por decreto: el Consejo de Seguridad otorgó el derecho de veto a las potencias vencedoras. Desde su origen, la ONU encarnó esa tensión: un ideal jurídico y una estructura jerárquica. Igualdad formal en la Asamblea General; concentración efectiva del poder en cinco capitales. No fue un error de diseño, sino el reconocimiento de que el orden internacional no nace del consenso moral, sino del equilibrio de fuerzas.

Durante la Guerra Fría, el organismo funcionó como una válvula de contención. No eliminó la rivalidad entre bloques, pero ofreció un espacio donde la confrontación podía transformarse en negociación. En algunos momentos evitó que la escalada derivara en catástrofe nuclear; en otros, mostró su impotencia. Su eficacia siempre dependió menos de sus principios que de la voluntad de las potencias.

Con el fin del mundo bipolar, muchos imaginaron el triunfo definitivo del multilateralismo. Sin embargo, la historia demostró que la desaparición de un contrapeso no elimina la lógica del poder, sino que la redistribuye. Las misiones de paz se multiplicaron, pero también lo hicieron los conflictos asimétricos, las intervenciones indirectas y las disputas por recursos estratégicos.

En el siglo XXI, la competencia global ya no se expresa únicamente en divisiones ideológicas, sino en cadenas de suministro, minerales críticos, rutas energéticas y tecnologías emergentes. Los territorios con abundancia de recursos naturales se convierten en piezas centrales de una arquitectura económica diseñada en otros centros de decisión. La interdependencia no ha sustituido la jerarquía; la ha sofisticado.

La Organización de las Naciones Unidas aparece entonces como un jugador más que como un árbitro. Sus resoluciones tienen validez cuando coinciden con el interés de los poderosos; se diluyen cuando chocan con él. El derecho internacional existe, pero su aplicación depende de la correlación de fuerzas. La igualdad jurídica convive con una desigualdad material persistente. Esto no significa que el organismo carezca de valor. Sin la ONU, el mundo sería más opaco, más imprevisible y probablemente más violento. Sus agencias humanitarias salvan millones de vidas; sus foros permiten que Estados pequeños hagan oír su voz. Pero no puede superar los límites que le impone el sistema del cual forma parte.

La pregunta no es si la ONU fracasa, sino si puede trascender la estructura que la sostiene. ¿Puede existir un orden internacional verdaderamente normativo en un mundo donde la soberanía se defiende con poder económico, militar y tecnológico? ¿Puede la ley imponerse cuando el poder sigue siendo el fundamento último de la seguridad?

Tucídides escribió hace veinticinco siglos que, en ausencia de equilibrio, prevalece la lógica del más poderoso. La modernidad intentó matizar esa sentencia mediante instituciones, tratados y principios universales. Sin embargo, la historia contemporánea recuerda que la capacidad de imponer no desaparece: cambia de forma. Quizá la ONU no sea la negación de la frase de Tucídides, sino su versión civilizada. Un espacio donde la coerción se discute antes de ejercerse, pero sigue siendo decisiva. Mientras el poder determine el alcance del derecho, el orden internacional continuará oscilando entre la aspiración moral y la realidad estratégica. La cuestión de fondo no es institucional, sino ética: es si la humanidad será capaz de construir un equilibrio que no repose únicamente en la capacidad de imponer, sino en la convicción compartida de limitarse. Hasta entonces, el orden seguirá siendo, en última instancia, el que impone la fuerza.

Publicado en La crónica de Hoy, 3 de marzo 2026.