¿Quién mintió?

 ¿Quién mintió?

Hay preguntas que trascienden a quienes las formulan. Se convierten en asuntos de Estado porque su respuesta define el nivel de confianza que puede existir entre gobiernos. La planteada esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum pertenece a esa categoría. La interrogante surgió después de presentar una secuencia cronológica que merece revisarse con atención. El 5 de enero de 2023, Ovidio Guzmán fue detenido por fuerzas mexicanas en Jesús María, Sinaloa, durante un operativo en el que perdieron la vida 10 elementos del Ejército Mexicano. Meses después, el 15 de septiembre de ese mismo año, el Gobierno de México lo extraditó a Estados Unidos conforme a los procedimientos previstos entre ambos países.

El siguiente episodio ocurrió el 25 de julio de 2024. Ese día una aeronave aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México, con Joaquín Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada a bordo. Ambos fueron detenidos por autoridades estadounidenses. Desde el primer momento surgió una pregunta inevitable: ¿participó alguna agencia de Estados Unidos en una operación desarrollada desde territorio mexicano? 6 días después, el 31 de julio, el Gobierno de México solicitó formalmente información a la Embajada de Estados Unidos. La respuesta llegó el 9 de agosto. El entonces embajador Ken Salazar aseguró públicamente que ninguna agencia estadounidense había participado en el operativo. Durante casi dos años esa fue la versión oficial.

El escenario cambió el 2 de julio de 2026. Una investigación periodística de Pie de Nota reveló que la aeronave utilizada para trasladar a Zambada forma parte de una exhibición en Estados Unidos donde el FBI presenta esa misión como una operación realizada por sus agentes. El reportaje incorpora imágenes del avión, documentos internos y referencias a la descripción institucional de esa agencia sobre un operativo considerado histórico. El contraste resulta evidente. En agosto de 2024 se afirmó que ninguna agencia estadounidense intervino. En julio de 2026 aparece una exhibición institucional en la que el FBI atribuye a sus agentes un papel relevante en esa operación. Al menos una de las dos versiones requiere una explicación que permita reconciliar los hechos conocidos. Por ello, la pregunta formulada por la presidenta adquiere especial relevancia: ¿quién mintió? La respuesta es importa porque, de confirmarse una intervención de una agencia estadounidense en territorio mexicano o mediante mecanismos no informados al Estado mexicano, surgirían interrogantes jurídicas y diplomáticas sobre el respeto a la soberanía nacional y sobre los compromisos internacionales que regulan la cooperación bilateral en materia de seguridad. Del mismo modo, si la explicación demuestra que ambas versiones describían momentos distintos de la operación, también sería indispensable conocerlo para disipar cualquier duda.

La pregunta planteada por la presidenta busca algo más profundo que señalar responsabilidades individuales. Las versiones oficiales representan la palabra de las instituciones. Cuando esa palabra pierde consistencia, también se debilita la confianza que sostiene la cooperación entre dos gobiernos llamados a trabajar de manera permanente. Más de 3 mil kilómetros de frontera convierten a México y Estados Unidos en socios permanentes. Esa realidad demanda respeto recíproco, instituciones que hablen con claridad y gobiernos capaces de sostener la credibilidad de sus decisiones.

Quizá la pregunta ya no sea únicamente quién mintió. La verdadera pregunta es si dos naciones llamadas a cooperar de manera permanente pueden construir una estrategia común cuando un episodio de esta magnitud sigue rodeado de versiones que requieren ser aclaradas. La confianza entre los Estados no se sostiene sobre silencios ni sobre dudas persistentes; se construye con transparencia, responsabilidad y verdad. Solo así la cooperación bilateral podrá descansar sobre bases firmes para las nuevas generaciones.

Publicado en El Universal, 9 de julio, 2026.

La memoria del Estado

 La memoria del Estado

«La historia es maestra de la vida.»

Cicerón

Los pueblos suelen volver la mirada hacia su historia cuando celebran una fecha patria o enfrentan una crisis. La invocan para explicar el presente, justificar decisiones o disputar el sentido de los acontecimientos. Mucho menos frecuente resulta observar políticas públicas encaminadas a fortalecer las instituciones que investigan, preservan y difunden esa memoria. Por ello, el decreto mediante el cual el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México se transforma en un organismo público descentralizado trasciende el ámbito administrativo: expresa una manera de concebir el papel de la historia dentro del Estado y de la vida pública.

Desde 2018, el gobierno federal ha colocado la historia en el centro de su narrativa política. La Independencia, la Reforma, la Revolución y el proceso político contemporáneo son presentados como parte de una misma secuencia de transformaciones nacionales. Más allá de la valoración que cada ciudadano haga de esa interpretación, resulta evidente que la historia ha recuperado un lugar relevante en el debate público. En ese contexto se comprende el interés por fortalecer las instituciones dedicadas a investigar el pasado, preservar los archivos y acercar ese patrimonio a la sociedad. Fundado en 1953, el INEHRM ha desarrollado una labor constante en el estudio de los procesos que dieron forma al Estado mexicano. Sus atribuciones comprenden la investigación especializada, la recuperación de materiales bibliográficos, documentales, fotográficos, sonoros y audiovisuales; la organización de actividades académicas; la producción de contenidos para diversos medios, y la función de órgano de consulta para publicaciones y conmemoraciones oficiales relacionadas con la historia nacional.

Sin memoria documental, la historia corre el riesgo de convertirse en una colección de relatos sin sustento. Cada expediente, cada fotografía, cada grabación y cada manuscrito conservado permiten reconstruir contextos, confrontar versiones y comprender con mayor profundidad la complejidad de los procesos históricos. Los archivos son la conciencia escrita de un país: muestran cómo evolucionan las instituciones, cómo cambian las relaciones sociales y cómo se transforman las ideas que organizan la vida colectiva.

Uno de los avances más relevantes impulsados por el Instituto ha sido la consolidación de un repositorio digital de acceso abierto que reúne fondos documentales, archivísticos, editoriales, fotográficos y sonoros bajo criterios especializados de catalogación. La digitalización ha cambiado profundamente la forma de acercarse al patrimonio histórico. Hoy, investigadores, profesores, estudiantes y ciudadanos pueden consultar materiales que durante décadas permanecieron reservados a la consulta presencial. Democratizar el acceso al conocimiento también fortalece la investigación y acerca la historia a nuevas generaciones. Entre esos acervos destaca el Archivo Fotográfico del INEHRM. La incorporación del Archivo Gráfico de El Nacional dio origen a uno de los repositorios iconográficos más importantes del país. Miles de imágenes documentan la vida política, social, cultural y deportiva de buena parte del siglo XX. En ellas aparecen presidentes y campesinos, artistas y obreros, ceremonias oficiales y escenas cotidianas. Cada fotografía detiene un instante que ya no volverá y, al hacerlo, preserva un fragmento de la memoria colectiva.

Conservar ese patrimonio exige mucho más que buena voluntad. Requiere infraestructura especializada, espacios climatizados, restauradores, archivistas, tecnología y recursos permanentes. La memoria también necesita presupuesto. Los documentos envejecen, las fotografías se deterioran y los archivos digitales exigen actualización constante. Olvidar cuesta; preservar también, pero sus beneficios alcanzan a generaciones enteras.

El decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum modifica el alcance institucional del INEHRM al convertirlo en organismo público descentralizado y sectorizado en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. La reforma fortalece su capacidad de gestión, amplía su autonomía operativa y abre la posibilidad de impartir programas de licenciatura y posgrado en ciencias sociales y humanidades.

Quizá ese sea el cambio de mayor trascendencia. La investigación, la preservación documental y la formación de nuevas generaciones de historiadores podrán desarrollarse dentro de una misma institución. Un país que fortalece su memoria no garantiza por ello mejores gobiernos, pero sí ciudadanos con mayores herramientas para comprender su pasado, interpretar su presente y decidir con mayor libertad su futuro. La historia no cambia lo ocurrido; cambia la manera en que una sociedad aprende de ello.

Publicado en La Crónica de Hoy, 7 de julio, 2026.