La historia sin disfraces

 

La historia sin disfraces

«El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos». Antonio Gramsci

Cada cierto tiempo reaparecen intentos por revestir de nostalgia la Conquista. Este agosto, la convocatoria para recrear el antiguo Paseo del Pendón en la Ciudad de México vuelve a colocar sobre la mesa una vieja discusión. Aquella ceremonia virreinal no era una fiesta popular: conmemoraba la caída de México-Tenochtitlan, honraba a los conquistadores muertos y reafirmaba la autoridad de la Corona de Castilla sobre los territorios conquistados. Hoy resurge impulsada por organizaciones de corte hispanista y grupos vinculados a la extrema derecha.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con una frase que resume el sentir de buena parte de los mexicanos: “No creo que les vaya muy bien”. Recordó que ya hubo intentos recientes de reivindicar a Hernán Cortés que no encontraron respaldo popular. “Si algo celebra el pueblo de México es nuestra Independencia”, afirmó. Conviene, entonces, regresar a la historia, no para justificar la Conquista ni para convertirla en un relato de héroes y villanos, sino para comprenderla con rigor y evitar que el pasado sea utilizado como arma política.

Hernán Cortés, nacido en Extremadura, no emprendió la conquista en nombre de un Estado español como el que hoy conocemos. En 1519 ese Estado nacional aún no existía. La expedición fue reconocida por la Corona de Castilla, a la que jurídicamente quedaron incorporadas las Indias. Aunque Carlos I gobernaba también Aragón y otros territorios europeos, fue en su calidad de rey de Castilla como recibió las Cartas de Relación de Cortés y bajo esa jurisdicción quedaron las nuevas posesiones americanas. En Europa sería conocido como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. No es una precisión menor: confundir la Corona de Castilla con la España contemporánea termina construyendo una historia útil para las disputas del presente.

La conquista tampoco fue obra exclusiva de unos cuantos españoles. El 13 de agosto de 1521 cayó México-Tenochtitlan tras casi tres meses de sitio. Los europeos eran apenas unos cientos de combatientes; el grueso del ejército estaba integrado por decenas de miles de guerreros indígenas aliados de Cortés. Dichos pueblos participaron de manera decisiva en la campaña. Nada de ello disminuye el hecho fundamental: la caída de Tenochtitlan dio origen a un régimen colonial que, durante casi tres siglos, implicó sometimiento político, explotación económica, profundas transformaciones sociales e imposición de nuevas estructuras de poder. Pero también inició un largo proceso de mestizaje biológico, cultural y lingüístico del que, con el paso del tiempo, surgiría la nación mexicana.

Ese mestizaje explica buena parte de lo que hoy somos. Nuestro idioma, muchas de nuestras instituciones y una parte importante de nuestra cultura provienen del periodo virreinal. Al mismo tiempo, México sería incomprensible sin sus pueblos originarios, que conservaron lenguas, tradiciones y una continuidad histórica muy anterior a la llegada de los europeos. Nuestra identidad nació del encuentro —violento, desigual y profundamente doloroso— entre ambas raíces.

México ya conoció expresiones de ese radicalismo. En 1948, durante actos promovidos por grupos sinarquistas, algunos participantes escupieron la estatua de Benito Juárez, ubicada en el Paseo de la Reforma, y utilizaron la bandera nacional para barrer las calles frente a la Catedral Metropolitana, en una provocación contra el legado liberal. No es casual que hoy algunas corrientes hispanistas intenten resignificar símbolos semejantes para reabrir viejas fracturas históricas.

La historia no necesita apologías ni condenas simplistas. No necesita nostalgias imperiales ni leyendas negras. Necesita documentos, contexto y pensamiento crítico. Comprender la Conquista en toda su complejidad no significa justificarla; significa impedir que el pasado sea utilizado como propaganda al servicio de las disputas del presente.

Publicado en La Crónica de Hoy, 28 de julio,2026.

De vuelta al recreo

 De vuelta al recreo

«El juego es el trabajo del niño.»

María Montessori

Hace apenas quince años, una de las discusiones más relevantes en el Congreso mexicano giraba en torno a llevar internet a todas las escuelas. La conectividad representaba igualdad de oportunidades, acceso al conocimiento y la promesa de una educación más democrática. Parecía incuestionable que cada nueva pantalla acercaría a los niños al aprendizaje. Durante años creímos que el acceso universal a internet sería el gran igualador del conocimiento. Cada computadora en un salón de clases simbolizaba libertad, innovación y movilidad social. Era una batalla que respondía a su tiempo. Hoy el debate cambió de manera radical. La pregunta ya no es cómo lograr que cada niña y cada niño tenga acceso a una pantalla, sino cómo evitar que la pantalla termine ocupando el lugar del recreo, de la conversación y, poco a poco, de la propia infancia.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado abrir un debate nacional para construir una propuesta que regule el uso de plataformas digitales y redes sociales entre niñas, niños y adolescentes. La decisión resulta pertinente porque busca un consenso social antes que una imposición. Los foros convocarán a especialistas, familias, docentes y autoridades para discutir un fenómeno que dejó de ser exclusivamente tecnológico y se convirtió en un asunto educativo, familiar y de salud pública. Las cifras ayudan a dimensionar el desafío. Más del 70 por ciento de la población mexicana mayor de seis años utiliza internet. Entre los adolescentes, la cifra supera el 90 por ciento. La infancia y la adolescencia de hoy son las primeras generaciones que han crecido completamente conectadas.

El fenómeno trasciende las fronteras nacionales. La Unesco señala que una de cada tres personas conectadas en el mundo es una niña, un niño o un adolescente. También informa que el 83 por ciento de madres y padres manifiesta preocupación porque sus hijos pasan demasiado tiempo frente a las pantallas. En marzo de este año, 114 sistemas educativos, equivalentes al 58 por ciento de los países monitoreados, ya habían adoptado algún tipo de regulación, desde restricciones al uso de teléfonos celulares en las escuelas hasta límites para el acceso de menores a redes sociales.

Francia acaba de dar un paso todavía más contundente. Su Parlamento aprobó prohibir las redes sociales para menores de 15 años y restringir el uso de teléfonos móviles en las escuelas secundarias. Detrás de esa decisión existe una convicción cada vez más compartida: las plataformas digitales no fueron diseñadas únicamente para informar o entretener, sino para captar y retener la atención mediante algoritmos capaces de influir en los hábitos, las emociones y el comportamiento de sus usuarios más jóvenes. Por eso el debate dejó de ser exclusivamente tecnológico. Hoy también es educativo, sanitario e incluso democrático.

En México, dieciséis estados ya cuentan con restricciones para el uso de celulares en las escuelas. La diferencia es que la propuesta federal pretende acompañar cualquier regulación con educación digital y alfabetización tecnológica, una visión que coincide con las recomendaciones internacionales. Regular, por sí solo, no basta. También es necesario aprender a convivir con una tecnología que llegó para quedarse. Tal vez por eso la iniciativa más valiosa no sea una prohibición, sino una invitación. La Secretaría de Educación Pública propone que durante una semana los recreos recuperen los juegos tradicionales mexicanos. El trompo, el yoyo, las canicas, el resorte, la cuerda y los juegos colectivos volverían a ocupar el patio escolar. La propuesta parece sencilla, pero encierra una idea poderosa: devolverle tiempo a la infancia. El recreo suele verse como un espacio vacío entre clases, cuando en realidad es uno de los momentos más importantes de la jornada escolar. En esos minutos sin un guion escrito, cada niña y cada niño encuentra la posibilidad de jugar, imaginar, conversar y descubrir quién es frente a los demás. Allí nacen amistades, se fortalecen los vínculos y crece el sentido de pertenencia hacia la escuela. También descansa la mente. Ese respiro permite procesar lo aprendido y prepararse para nuevos retos. Educar nunca ha consistido únicamente en transmitir conocimientos. También implica formar personas capaces de convivir, resolver diferencias, compartir, crear comunidad y encontrar alegría en la presencia del otro. Hay aprendizajes que ningún libro enseña: aprender a esperar un turno, perder sin resentimiento, ganar sin humillar, reconciliarse después de una discusión o descubrir el valor de una amistad. Ninguna aplicación puede sustituir esas experiencias.

La tecnología seguirá formando parte de nuestra forma de aprender, trabajar y comunicarnos. Renunciar a ella sería un error tan grande como ignorar sus efectos. El verdadero desafío no consiste en apagar las pantallas, sino en evitar que apaguen la infancia. Porque un niño necesita conectarse al conocimiento, sí, pero antes necesita conectarse con otros niños. Necesita correr detrás de un balón, inventar mundos con un trompo, discutir las reglas de un juego, reconciliarse después de una pelea y descubrir que la amistad no se descarga: se construye. Tal vez el mayor avance tecnológico del siglo XXI no sea desarrollar algoritmos cada vez más inteligentes, sino tener la sabiduría de devolverles a nuestros hijos aquello que nunca debieron perder: el recreo.

Publicado en El Universal, 23 de julio, 2026.

La última lección de Juárez

 La última lección de Juárez

«Los hombres no son nada, los principios lo son todo.»

-Benito Juárez

Los personajes históricos mueren dos veces: cuando desaparecen físicamente y cuando dejamos de hacerles preguntas. Benito Juárez escapó a ese destino. Hace ciento cincuenta y cuatro años dejó de latir su corazón, pero la pregunta que dio sentido a su vida sigue esperando respuesta: ¿puede sobrevivir una República cuando los principios dejan de ser más importantes que los hombres?

En julio de 1872, Juárez sabía que la enfermedad avanzaba. Desde hacía tiempo padecía angina de pecho. Una tarde el dolor se volvió insoportable. Llamó a su sirviente, Camilo, y pidió que buscara al doctor Ignacio Alvarado. La medicina de entonces era impotente frente a un corazón enfermo. El médico ordenó hervir agua y la aplicó sobre el pecho descubierto del presidente. Juárez soportó el tratamiento sin una queja. Horas después quiso levantarse para recibir audiencia. El médico se lo impidió. Incluso cuando el cuerpo comenzaba a rendirse, el deber seguía ocupando el primer lugar. La noche del 18 de julio de 1872, la angina regresó por última vez. Murió Benito Juárez. Pero aquella noche no murió únicamente un hombre. Comenzó el examen permanente de la República que había salvado. La tradición cuenta que, frente a su féretro, uno de sus antiguos colaboradores golpeó tres veces el ataúd con una espada flamígera y exclamó: —¡Levantaos, señor presidente! ¡De pie, de pie! ¡Usted siempre permaneció de pie! 

Sea exacta o no la escena, expresa una verdad más profunda que cualquier documento. Aquellas palabras no estaban dirigidas al hombre que acababa de morir. Estaban dirigidas a quienes debían defender los principios por los que él había vivido. Porque Juárez nunca peleó únicamente contra un ejército extranjero. Combatió algo mucho más difícil de vencer: los privilegios.

Cuando Francia intervino en México, parecía imposible resistir. De un lado estaban Napoleón III, el ejército más poderoso de Europa y un imperio decidido a imponer un monarca extranjero. Del otro, un presidente obligado a trasladar su gobierno de ciudad en ciudad, sosteniendo la legalidad con poco más que su convicción. Víctor Hugo inmortalizó aquella desigualdad con una frase extraordinaria: «De un lado, dos imperios; del otro, un hombre.» Sin embargo, esa no fue su mayor victoria. La verdadera hazaña de Juárez consistió en demostrar que ningún poder —militar, religioso, económico o político— podía colocarse por encima de la ley. Las Leyes de Reforma no sólo separaron a la Iglesia del Estado; separaron a México de una tradición de privilegios que durante siglos había impedido la igualdad jurídica de los ciudadanos. Pero los privilegios tienen una extraordinaria capacidad para sobrevivir. Sólo cambian de uniforme.

En el siglo XIX vestían sotana, espada o títulos nobiliarios. En el XXI pueden llamarse corrupción, captura de las instituciones, concentración del poder económico, manipulación tecnológica o desinformación organizada. Cambian los actores; permanece el desafío. Por eso Juárez no pertenece al pasado. Pertenece a cada generación que debe decidir si la ley gobernará al poder o si el poder terminará gobernando a la ley. Quizá, si caminara hoy entre nosotros, no preguntaría quién ganó la última elección. Preguntaría algo infinitamente más incómodo: ¿Gobierna realmente la ley?

Hace más de siglo y medio dejó escrita una advertencia que conserva toda su fuerza: «Esa Constitución no será la befa ni el escarnio de los hombres que desean vivir sin ley para dar rienda suelta a sus pasiones criminales.» Y añadió una convicción que sigue siendo el fundamento de toda democracia: ninguna Constitución existe para proteger a los gobiernos; existe para proteger a la nación, incluso de sus propios gobernantes. Las libertades también pueden morir. No siempre desaparecen con estruendo. A veces se extinguen lentamente, cuando la sociedad deja de defender sus instituciones, cuando el interés público cede ante el interés privado o cuando los ciudadanos aceptan que los principios son negociables.

Quizá por eso aquellos tres golpes con la flamígera sobre el ataúd siguen resonando. No buscaban despertar a Juárez. Buscaban despertarnos a nosotros. Porque los hombres pasan. Los principios permanecen… pero sólo mientras exista una sociedad dispuesta a ponerse de pie para defenderlos. Esa fue la última lección de Benito Juárez. Y acaso sea también la más urgente para el México del siglo XXI.

Publicado en La Crónica de Hoy, 21 de julio, 2026.

Derecho internacional vs. política del miedo

Derecho internacional vs. política del miedo 

«La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes.»

Martin Luther King Jr.

Las fronteras separan territorios; nunca deberían separar la condición humana. Los Estados tienen el derecho de decidir quién ingresa a su territorio, pero también la obligación de garantizar que el ejercicio de ese poder no despoje a ninguna persona de su dignidad. Esa tensión, tan antigua como el propio derecho internacional, vuelve hoy a colocarse en el centro de la relación entre México y Estados Unidos. En los primeros cinco meses de 2026, las deportaciones de mexicanos aumentaron alrededor de un 35 %. Aproximadamente 18 mil personas fueron repatriadas en ese periodo y el total de deportaciones realizadas por Estados Unidos durante el año ronda las 76 mil. Detrás de esas cifras hay familias separadas, proyectos de vida interrumpidos y, en los casos más graves, vidas perdidas. Por ello, la decisión del Estado mexicano de llevar por la vía jurídica las muertes de connacionales relacionadas con la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no constituye una protesta diplomática más. Representa un cambio de estrategia: trasladar la discusión del terreno político al ámbito de la responsabilidad jurídica.

Dos acontecimientos ocurridos esta semana ayudan a comprender la dimensión de ese cambio. Mientras la Cancillería decidió responder por la vía legal a las muertes de aproximadamente 17 mexicanos relacionadas con la actuación del ICE —14 bajo custodia y tres durante operativos—, la administración de Donald Trump avanzó en la construcción de una narrativa de seguridad que amplía el concepto de amenaza e incorpora nuevas categorías políticas al debate nacional. En ese contexto, la administración estadounidense ha colocado en el centro de su agenda el denominado terrorismo político transnacional de extrema izquierda como una nueva prioridad en materia de seguridad. No deja de ser revelador que ambos procesos avancen de manera paralela: mientras México pregunta si el Estado incumplió su deber de proteger la vida de personas bajo su custodia, Washington amplía el lenguaje de la seguridad nacional para explicar desafíos cada vez más diversos. Son dos maneras distintas de comprender el poder y los límites que deben contenerlo.

La decisión mexicana merece atención porque rompe con una práctica marcada durante años por notas diplomáticas, llamados al diálogo y reclamos que pocas veces trascendían el ámbito político. “No vamos a tolerar violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos en el exterior”, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, en coordinación con la FGR, impulsará acciones legales ante las autoridades competentes de Estados Unidos, incluidos el Departamento de Justicia y las fiscalías estatales correspondientes, además de promover procedimientos civiles contra empresas privadas responsables de operar centros de detención migratoria. En esa decisión existe una convicción que merece destacarse: la política migratoria puede ser una facultad soberana de los Estados, pero la dignidad humana no queda suspendida en una frontera. Un gobierno puede decidir quién entra o quién permanece en su territorio; no puede decidir quién merece protección frente al abuso, la negligencia o la indiferencia. Los primeros escritos de cese y desistimiento se dirigen contra operadores privados del centro de detención de Adelanto, California, donde han fallecido cuatro connacionales. La estrategia busca documentar posibles omisiones, particularmente en materia de atención médica, y construir una base probatoria para eventuales acciones de responsabilidad civil. El expediente tampoco quedará limitado a los tribunales estadounidenses. México solicitó el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para documentar los hechos y fortalecer la protección internacional de las personas migrantes. Con ello, el caso deja de ser exclusivamente bilateral para adquirir una dimensión internacional en materia de derechos humanos. También contempla promover la figura del amicus curiae como una vía para aportar elementos jurídicos especializados en los procesos que lleguen a presentarse. Toda persona privada de la libertad queda bajo la custodia del Estado. Esa circunstancia transforma el poder en deber. Quien detiene también debe alimentar, atender, proteger y preservar la vida. Esa es una de las conquistas más importantes del derecho internacional contemporáneo. Si una muerte fue consecuencia de negligencia o de omisiones evitables, deja de ser únicamente un episodio político para convertirse en una posible responsabilidad jurídica.

Mientras México lleva el caso al terreno del derecho internacional, Washington parece avanzar en otra dirección. El secretario de Estado, Marco Rubio, convocó a ministros de alrededor de sesenta países, entre ellos México, a una reunión sobre el denominado terrorismo político transnacional de extrema izquierda. La convocatoria forma parte de una estrategia que busca incrementar la cooperación internacional frente a ese fenómeno y reforzar una concepción de la seguridad nacional basada en la ampliación de las amenazas consideradas estratégicas. Sin embargo, la iniciativa ha despertado cuestionamientos entre especialistas, organizaciones defensoras de derechos civiles y algunos aliados internacionales. La preocupación no radica únicamente en el combate a la violencia, sino en la posibilidad de que categorías concebidas para enfrentar amenazas extremas terminen extendiéndose hacia espacios de expresión política, protesta social o disenso democrático. El derecho internacional de los derechos humanos ha insistido durante décadas en que toda restricción a las libertades fundamentales debe ser necesaria, proporcional y estrictamente justificada.

En paralelo, organizaciones de defensa de los derechos civiles, colectivos de apoyo a migrantes, asociaciones de abogados y distintos actores políticos han intensificado el acompañamiento jurídico de personas detenidas. Al mismo tiempo, diversas actuaciones contra manifestantes han reabierto una discusión tan antigua como la democracia misma: dónde termina la protección de la seguridad pública y dónde comienza la restricción injustificada de libertades como la expresión, la protesta pacífica y la asociación. Al final, ambos acontecimientos revelan una diferencia más profunda que una disputa diplomática. México intenta situar el debate en el terreno del derecho internacional y de los derechos humanos. La administración Trump privilegia una lectura donde la seguridad nacional se convierte en el eje ordenador de la discusión.

Toda sociedad enfrenta momentos en los que debe decidir qué principio orientará sus decisiones: el temor o el derecho. Cuando el miedo ocupa el lugar de la ley, las personas dejan de ser individuos con derechos para convertirse en riesgos potenciales. Entonces el origen, las ideas políticas o la condición migratoria empiezan a pesar más que la dignidad inherente a todo ser humano. La fortaleza del Estado de derecho no se mide por la cantidad de personas que detiene ni por el número de amenazas que identifica. Se mide por su capacidad para limitar el ejercicio del poder, incluso cuando hacerlo resulta políticamente incómodo. Esa es, quizá, la lección más perdurable del derecho internacional: recordar que la autoridad encuentra su legitimidad no en la fuerza que ejerce, sino en los límites que acepta respetar. Porque la historia rara vez recuerda a las sociedades por el tamaño de sus fronteras. Las recuerda por la forma en que trataron a quienes quedaron del otro lado de ellas.

Publicado en el Universal, 16 de julio, 2026.