Cuando la democracia vota contra sí misma

«La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer.» Antonio Gala

Las urnas de Sajonia-Anhalt dejaron este domingo una imagen incómoda para Alemania y quizá una advertencia para todas las democracias: Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo 43.8 por ciento de los votos (al momento de la redacción de este artículo) y 39 de los 83 escaños del parlamento regional. Le faltaron apenas 3 para alcanzar la mayoría absoluta. No llegó mediante una insurrección ni rompió las puertas del Parlamento. Llegó con votos. Ahí comienza el verdadero problema.

La organización estatal de AfD está clasificada por la Oficina para la Protección de la Constitución de Sajonia-Anhalt como una fuerza de extrema derecha confirmada, por considerar que parte de su actuación política se dirige contra principios esenciales del orden democrático, particularmente la dignidad humana. Y, sin embargo, casi 44 de cada cien electores votaron por ella.

Los principales partidos alemanes han mantenido frente a AfD una Brandmauer, literalmente una “muralla contra incendios”: un compromiso político —no una prohibición legal— para no formar gobiernos ni construir mayorías con la ultraderecha. AfD conserva sus escaños, participa en el Parlamento y representa a sus electores, pero sus adversarios se niegan a proporcionarle la mayoría que las urnas no le dieron. En un régimen parlamentario, esto es perfectamente democrático. Ganar más votos que cada uno de los adversarios no concede automáticamente el gobierno. Para gobernar, hay que construir una mayoría parlamentaria.

El cordón sanitario puede terminar produciendo una sensación profundamente peligrosa: que millones de votos sirven para ocupar asientos, pero no para orientar el poder. Cuando una fuerza política queda convertida de antemano en un socio imposible, sus electores pueden llegar a creer que existe una ciudadanía políticamente aceptable y otra condenada a mirar desde fuera.

Sin embargo, derribar esa muralla encierra el peligro contrario. Porque democracia no significa solamente contar votos. Significa también preservar la dignidad humana, las libertades, la igualdad ante la ley, la división de poderes y el derecho de las minorías a continuar siendo libres incluso cuando una mayoría quisiera restringir sus derechos.

Alemania aprendió esa diferencia de la manera más dolorosa. Los nazis nunca consiguieron una mayoría absoluta en unas elecciones libres. En julio de 1932, la NSDAP obtuvo 37.3 por ciento de los votos y se convirtió en la primera fuerza del Reichstag. En noviembre perdió votos. Hitler no llegó a la Cancillería como consecuencia automática de una mayoría electoral: fue nombrado canciller por el presidente Paul von Hindenburg el 30 de enero de 1933, en medio de una República de Weimar debilitada y de los cálculos de unas élites conservadoras que creyeron que podrían controlarlo. Se equivocaron. Una vez dentro del poder, Hitler destruyó progresivamente las condiciones que hacían posible disputárselo. Recordarlo no significa afirmar que AfD sea una repetición del nazismo. Las analogías fáciles suelen impedir entender tanto el presente como el pasado. Significa comprender por qué, después de aquella catástrofe, la Ley Fundamental alemana de 1949 puso la dignidad humana en su primer artículo y construyó el concepto de una democracia defensiva: una democracia que no tiene la obligación de proporcionar las herramientas para su propia destrucción.

La democracia puede equivocarse porque los ciudadanos podemos equivocarnos. Votamos bajo el miedo, creemos promesas imposibles y algunas veces castigamos al presente sin calcular el precio que pagará el futuro. Por eso la democracia no es el mejor sistema porque produzca siempre decisiones sabias. Lo es porque permite corregirlas sin sangre, limita al vencedor, protege al derrotado y conserva abierta la posibilidad de cambiar de rumbo. Su grandeza no está en ser infalible, está en permitir la rectificación.

Porque una muralla puede impedir que alguien entre al gobierno. Lo que ninguna muralla puede hacer es recuperar la confianza de quien ya se fue. Alemania necesita límites firmes frente a cualquier proyecto que degrade derechos, pero también puertas abiertas hacia quienes se sienten abandonados. Ese es el desafío que dejaron las urnas de Sajonia-Anhalt: proteger la democracia sin dejar de escuchar a los ciudadanos. Cuando una democracia deja de convencer, tarde o temprano aparece alguien dispuesto a vencer.

Publicado en La Crónica de Hoy, 8 de septiembre, 2026.

Las cifras de un país que avanza

 Las cifras de un país que avanza

«Vamos mejor y tenemos rumbo.»

Claudia Sheinbaum

Un informe de gobierno puede leerse desde la vida cotidiana. Una cifra, por sí sola, es apenas un dato frío. Adquiere sentido cuando se convierte en el salario que alcanza un poco más, en la beca que permite continuar estudiando, en la consulta médica que llega a una comunidad apartada o en la tranquilidad de una familia que, por fin, puede imaginar un futuro. El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reúne una gran cantidad de números. No todos tienen el mismo peso ni pueden explicar, por sí mismos, un país tan diverso y desigual como México. Sin embargo, cuando se observan con cuidado y se contrastan con lo que ocurre en los hogares, permiten reconocer avances que sería injusto ignorar.

Durante 2025, el Gobierno Federal reportó ingresos históricos por 6 billones 46 mil millones de pesos, 487 mil millones más que el año anterior. Al cierre de agosto de 2026, la recaudación superaba en 149 mil millones de pesos la registrada durante el mismo periodo de 2025, mientras que el gasto corriente se redujo en 200 mil millones respecto de 2024. La inversión extranjera directa alcanzó cerca de 35 mil millones de dólares durante el primer semestre de 2026. 

México tiene alrededor de 60 millones de personas ocupadas y mantiene una tasa de desempleo cercana al 2.7 por ciento. Sin embargo, el trabajo no sólo debe medirse por el número de empleos creados, sino también por la dignidad que ofrecen. Tener una ocupación no basta si el salario es insuficiente, si no existe seguridad social o si la jornada deja poco tiempo para la familia y el descanso. Por eso, uno de los cambios más significativos se encuentra en los ingresos de quienes viven de su trabajo. El salario mínimo mensual pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 582 pesos en 2026; en la frontera norte llegó a 13 mil 409 pesos. El salario promedio de la economía formal alcanzó los 20 mil 212 pesos mensuales y la pobreza laboral se ubicó en su nivel más bajo desde 2005.

Detrás de ese avance hay historias sencillas: una familia que puede comprar más alimentos, una madre que enfrenta con menos angustia el regreso a clases o un trabajador que ya no tiene que elegir entre pagar el transporte o llevar algo a la mesa. Ningún aumento resuelve por sí solo todas las dificultades, especialmente cuando el costo de la vida continúa presionando a los hogares, pero recuperar el valor del salario significa comenzar a saldar una deuda que se acumuló durante décadas.

También hay cambios importantes para quienes trabajan mediante plataformas digitales, que ahora pueden acceder a seguridad social y reparto de utilidades. A ello se suma la reducción gradual de la jorna éxico tiene alrededor de 60 millones de personas ocupadas y mantiene una tasa de desempleo cercana al 2.7 por ciento. Sin embargo, el trabajo no sólo debe medirse por el número de empleos creados, sino también por la dignidad que ofrecen. Tener una ocupación no basta si el salario es insuficiente, si no existe seguridad social o si la jornada deja poco tiempo para la familia y el descanso. Por eso, uno de los cambios más significativos se encuentra en los ingresos de quienes viven de su trabajo. El salario mínimo mensual pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 582 pesos en 2026; en la frontera norte llegó a 13 mil 409 pesos. El salario promedio de la economía formal alcanzó los 20 mil 212 pesos mensuales y la pobreza laboral se ubicó en su nivel más bajo desde 2005.

Detrás de ese avance hay historias sencillas: una familia que puede comprar más alimentos, una madre que enfrenta con menos angustia el regreso a clases o un trabajador que ya no tiene que elegir entre pagar el transporte o llevar algo a la mesa. Ningún aumento resuelve por sí solo todas las dificultades, especialmente cuando el costo de la vida continúa presionando a los hogares, pero recuperar el valor del salario significa comenzar a saldar una deuda que se acumuló durante décadas. El bienestar constituye otro de los ejes del Informe. Para el cierre de 2026 se prevé que los programas sociales lleguen a 42 millones 860 mil derechohabientes, con una inversión cercana a un billón de pesos. Entre ellos se encuentran casi 13.8 millones de personas adultas mayores, 2.8 millones de mujeres de entre 60 y 64 años y 2 millones de personas con discapacidad.

También hay cambios importantes para quienes trabajan mediante plataformas digitales, que ahora pueden acceder a seguridad social y reparto de utilidades. A ello se suma la reducción gradual de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales en 2030. El trabajo debe permitir vivir, no consumir por completo la vida. El bienestar constituye otro de los ejes del Informe. Para el cierre de 2026 se prevé que los programas sociales lleguen a 42 millones 860 mil derechohabientes, con una inversión cercana a un billón de pesos. Entre ellos se encuentran casi 13.8 millones de personas adultas mayores, 2.8 millones de mujeres de entre 60 y 64 años y 2 millones de personas con discapacidad.

En educación, ocho millones de alumnas y alumnos de primaria recibieron apoyo para útiles y uniformes; cerca de cinco millones de jóvenes de educación media superior cuentan con la Beca Benito Juárez y alrededor de 800 mil estudiantes universitarios tendrán una beca. Además, más de 73 mil escuelas recibieron recursos para mejorar sus instalaciones. La importancia de estos apoyos no reside únicamente en su alcance, sino en su capacidad para impedir que la falta de dinero decida quién puede estudiar y quién debe abandonar el aula.

La salud, quizá como ningún otro ámbito, nos recuerda que gobernar también significa cuidar. El Informe registra 33 hospitales nuevos en operación, 11 Unidades de Medicina Familiar y 36 centros de salud y consultorios. También se habilitaron 650 quirófanos, mientras que el programa Salud Casa por Casa ha realizado más de 23 millones de visitas gracias al trabajo de cerca de 20 mil profesionales.

En seguridad, inevitablemente, se exige una lectura prudente. El Gobierno reporta una reducción del 51 por ciento en los homicidios dolosos desde el inicio de la administración y una disminución del 54 por ciento en los delitos de alto impacto respecto de 2018.

La presidenta Claudia Sheinbaum resumió su Segundo Informe con una frase: “Vamos mejor y tenemos rumbo”. Los datos presentados ofrecen argumentos para sostener la primera parte de esa afirmación. La segunda, la del rumbo, deberá demostrarse todos los días. Porque un país no avanza solamente en las gráficas ni en los discursos. Avanza cuando el crecimiento llega al salario; cuando una beca evita que un joven abandone la escuela; cuando una persona mayor tiene sus medicinas; cuando una familia consigue una vivienda; cuando una comunidad recibe electricidad y cuando un paciente encuentra atención donde antes sólo había distancia. Es ahí, en la vida concreta, donde las cifras dejan de pertenecer al gobierno y comienzan verdaderamente a pertenecerle a la gente.

Publicado en El Universal, 3 de septiembre, 2026.

 

Rendir cuentas también es acercarse

“El poder sólo es realidad donde palabra y acto no se han separado” Hannah Arendt

Una democracia viva necesita algo más que elecciones. Necesita ciudadanos capaces de conocer, comprender y vigilar el ejercicio del poder. Por eso, la transparencia y la rendición de cuentas son mucho más que procedimientos administrativos: son derechos que permiten construir una relación más horizontal entre gobierno y sociedad.

Andreas Schedler explica que la rendición de cuentas tiene dos dimensiones fundamentales. Por una parte, políticos y funcionarios tienen la obligación de informar sobre sus decisiones y justificarlas públicamente. Por otra, existe la posibilidad de establecer consecuencias cuando incumplen sus responsabilidades. Informar es apenas el comienzo. Rendir cuentas implica explicar, responder y asumir responsabilidades.

Desde esta perspectiva, el formato anunciado para el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum adquiere especial relevancia. El primer momento será el 1 de septiembre, cuando se presente formalmente el Informe. Pero este año el ejercicio continuará en los territorios. La Presidenta recorrerá las entidades del país durante varias semanas, de jueves a domingo, para rendir cuentas directamente en cada estado. El cierre en el Zócalo estará dirigido a la Ciudad de México.

Hay aquí un cambio significativo respecto de los formatos tradicionales. La rendición de cuentas deja de concentrarse en una sola ceremonia y busca acercarse a los lugares donde las políticas públicas tienen efectos concretos. Una obra, un programa, una carretera, una escuela o un hospital adquieren otro significado cuando se explican desde el territorio donde impactan la vida cotidiana.

También cambia la manera de comunicar el Informe. La Presidenta anunció 14 spots, 13 para televisión y radio y uno para redes sociales, construidos con imágenes de sus recorridos por el país. A ello se suma una miniserie para televisión pública, con entrevistas y materiales reunidos durante estos casi dos años de gobierno.

Pero rendir cuentas requiere mucho más que comunicar. Schedler identifica tres pilares. El primero es la información, que debe ser pública, accesible y comprensible. El segundo es la justificación, que obliga a explicar las decisiones y sus resultados. El tercero es la sanción, que permite establecer consecuencias ante un ejercicio indebido de las responsabilidades públicas.

Por eso, la transparencia resulta indispensable. Sin información clara, oportuna e integral, la ciudadanía carece de herramientas para vigilar al poder. Con ella puede comparar compromisos y resultados, reconocer avances, señalar pendientes y cuestionar decisiones.

Después vendrá una etapa fundamental: la glosa del Informe. El Congreso analizará la información presentada y los integrantes del gabinete acudirán ante las Cámaras y sus comisiones para ampliar explicaciones y responder sobre sus áreas de responsabilidad. La secretaria de Gobernación confirmó que esta participación está contemplada para el Segundo Informe.

Aquí aparece la rendición de cuentas horizontal, aquella que ocurre mediante los controles entre los poderes del Estado. La vertical corresponde a la ciudadanía mediante el voto y la vigilancia social. La diagonal surge cuando las personas participan activamente en los asuntos públicos.

Por eso, el nuevo formato resulta interesante. El gobierno informa institucionalmente, comunica sus resultados, recorre los territorios y, posteriormente, sus funcionarios deben comparecer ante el Congreso. Son etapas distintas de una misma obligación democrática.

La cercanía territorial puede darle rostro a la rendición de cuentas. La transparencia puede darle sustento. La glosa puede darle contrapeso. Y la participación ciudadana puede darle sentido.

Al final, rendir cuentas significa regresar ante la sociedad para explicar qué se hizo con la responsabilidad recibida. Porque informar es un deber, explicar es una responsabilidad y responder ante la ciudadanía y las instituciones es ejercer el poder con límites.

Publicado en La Crónica de Hoy, 1 de septiembre, 2026. 

Dos o cuatro años

 Dos o cuatro años

«Donde hay poca justicia es un peligro tener razón.»

Francisco de Quevedo

¿Cuánto dura la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No debería ser una pregunta difícil. Dos años, responde el artículo 94 de la Constitución. Cuatro años, responde el 97. Y ahí comienza el problema. Son dos reglas distintas para el mismo cargo, dentro de la misma Constitución. El artículo 94 establece que la presidencia de la Corte se renovará cada dos años, de manera rotatoria, siguiendo el número de votos obtenido por los ministros en la elección judicial. La lógica es sencilla: el resultado de las urnas determina el orden de quienes presidirán. Pero, unas páginas después, el artículo 97 establece que cada cuatro años el Pleno elegirá de entre sus integrantes a quien presida la Corte. Una disposición dice que el orden lo determina el resultado electoral; otra, que lo deciden los ministros. Las dos no pueden cumplirse al mismo tiempo.

Antes de la reforma judicial de 2024 no había misterio: los ministros elegían de entre ellos a quien presidiría la Corte durante cuatro años. La reforma cambió profundamente el sistema: los ministros pasaron a ser electos por voto popular y el artículo 94 incorporó una nueva lógica para la presidencia. Pero ocurrió algo aparentemente pequeño y jurídicamente enorme: la antigua regla del 97 sobrevivió. No fue eliminada. Existe una respuesta jurídica para sostener que el problema quedó resuelto desde 2024. El decreto de reforma incluyó un transitorio que dispuso que quedarían derogadas las disposiciones que se opusieran al nuevo régimen. En términos sencillos: si lo viejo contradice a lo nuevo, prevalece lo nuevo. El argumento tiene fuerza. Hasta que uno formula una pregunta incómoda: ¿Puede un artículo transitorio borrar jurídicamente una disposición de la Constitución que nadie borró de la Constitución? Los transitorios de una reforma constitucional tienen fuerza constitucional y sirven para ordenar el paso de un régimen a otro. Por eso existen razones para sostener que el nuevo artículo 94 desplazó al anterior.

Pero hay un inconveniente difícil de ignorar. En 2024, el Constituyente Permanente reformó también distintas partes del artículo 97. Tuvo ambos textos frente a sí. En uno introdujo la nueva regla; en el otro permaneció la anterior. Si se quería suprimirla expresamente, bastaban unas cuantas palabras. No ocurrió. Y en junio de 2026 hubo una segunda oportunidad: volvió a reformarse el artículo 94, manteniendo la regla de los dos años y la rotación vinculada al resultado electoral, mientras el artículo 97 continuó diciendo cuatro.

La Constitución fue revisada. La contradicción sobrevivió. Hay argumentos sólidos para considerar que debe prevalecer el artículo 94: es la disposición específica del nuevo modelo judicial, responde a la lógica de la elección popular y fue nuevamente reformada sin abandonar el sistema de presidencias bienales y rotatorias. Pero el problema trasciende la interpretación de un artículo. Lon L. Fuller sostuvo que una de las exigencias elementales de la legalidad es que las normas no sean contradictorias entre sí. El derecho no sirve solamente para resolver conflictos después de que ocurren. Sirve, antes que nada, para que sepamos cuáles son las reglas antes de que aparezca el conflicto. Una regla es, en ese sentido, una promesa de certeza.

La actual presidencia de la Corte comenzó bajo la regla del artículo 94: quien obtuvo el mayor número de votos asumió por dos años. No fue elegido para ese cargo por sus compañeros ministros; llegó a él como consecuencia del resultado electoral. Si prevalece el artículo 94, al cumplirse esos dos años termina el periodo y continúa la rotación conforme al orden de votación. Pero si antes la Corte determina que debe prevalecer el artículo 97, cambia todo. Ese artículo establece una presidencia de cuatro años y una elección por el Pleno. El actual presidente no fue elegido de esa manera. Entonces surgirían nuevas preguntas: ¿Puede permanecer dos años adicionales? ¿El Pleno tendría que celebrar una nueva elección? ¿Desde cuándo deberían contarse los cuatro años? No son especulaciones ociosas. Y entonces aparece la paradoja mayor. La Suprema Corte existe, entre otras cosas, para interpretar la Constitución. Pero esta vez tendría que interpretar una Constitución cuya interpretación determina las reglas de gobierno de la propia Corte.

No hace falta desconfiar de ningún ministro para advertir el inconveniente. Las instituciones sólidas se construyen precisamente para que no tengamos que depender de las intenciones de las personas. Las buenas reglas eliminan la sospecha antes de que aparezca. Incluso una decisión jurídicamente impecable podría quedar acompañada de una pregunta corrosiva: ¿se eligió la interpretación porque era la correcta o porque produjo determinado resultado?

El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados pueden establecer con claridad cuál de los dos modelos debe permanecer. No hace falta discutir nombres, candidatos ni afinidades. Sólo responder dos preguntas elementales: ¿Dos años o cuatro? ¿El orden lo determina el voto ciudadano o una elección del Pleno? Una Constitución contiene palabras cuyo significado discutiremos inevitablemente: libertad, igualdad, justicia, dignidad. Para eso necesitamos jueces, precedentes, doctrina y siglos de filosofía. Pero aquí no estamos discutiendo qué significa la justicia.

Y quizá esa sea la ironía final: construimos uno de los sistemas judiciales más complejos de nuestra historia y terminamos necesitando una interpretación constitucional para saber cuánto tiempo dura la presidencia de su máximo tribunal.

Publicado en El Universal, 27 de agosto, 2026.

La costumbre del calor

 

La costumbre del calor 

«La salud es la justa medida entre el calor y el frío.» Aristóteles

Lo más peligroso del calor extremo no es que el termómetro llegue a 50 °C. Es que llegue el día en que dejemos de llamarlo extremo. Una vieja fábula cuenta que una rana arrojada al agua hirviendo intenta escapar, pero si el agua se calienta poco a poco permanece dentro hasta que es demasiado tarde. Biológicamente, el relato es discutible —una rana sana trataría de huir—; como metáfora de nuestra conducta, resulta devastador: cada verano desplazamos un poco más el límite de lo tolerable y confundimos adaptación con resignación. A diferencia de la rana, nosotros conocemos el fuego, medimos la temperatura y, aun así, permanecemos dentro. Ese es el peligro moral de la “nueva normalidad”: lo que la ciencia nombra para describir un cambio, la política puede convertirlo en una manera de administrar la resignación.

La Gaceta UNAM documenta que el verano de 2026 llevó temperaturas de hasta 50 °C, grandes incendios en Europa y más de 30 mil muertes por encima de lo esperado durante la reciente ola de calor. El dato más elocuente no es un récord, sino una comparación: Francia registró 26 olas de calor entre 1947 y 2010 y casi la misma cantidad entre 2011 y 2025. Sesenta años comprimidos en quince. La Organización Meteorológica Mundial confirmó que América del Norte, África y Asia registraron su julio más cálido, mientras Europa occidental atravesó su periodo junio-julio más caliente. No son accidentes locales, sino una crisis simultánea: calor, sequía, fuego, pérdida agrícola, presión energética y enfermedad. El clima ya cambió de lenguaje; somos nosotros quienes insistimos en llamarlo “señales” para no tener que responder.

El calor tiene código postal, salario y ocupación. 38 °C no significan lo mismo bajo un árbol que sobre el asfalto; en una casa ventilada que en un cuarto con techo de lámina; para quien trabaja a distancia que para quien reparte comida, construye una avenida o vende en la calle. No es lo mismo el calor extremo cargando un bulto para ganarse la vida que en una alberca disfrutando un verano. El termómetro marca una cifra; el cuerpo paga un precio distinto según la protección que tiene. El calor extremo no crea la desigualdad: la revela, la profundiza y puede volverla mortal.

En México, la advertencia debería encender todas las alarmas. Investigadores de la UNAM han calculado que el país se calentó 1.8 °C desde el periodo preindustrial hasta 2024 y que su tasa de calentamiento supera el promedio mundial. Aquí, adaptarse no puede significar que quien pueda compre frío y quien no pueda quede abandonado bajo el sol. Debe significar árboles nativos, corredores de sombra, techos claros, horarios laborales protegidos, bebederos públicos, refugios climáticos, alertas tempranas, hospitales preparados y una política hídrica que deje de tratar los acuíferos como cuentas bancarias sin fondo. Y debe significar reducir emisiones: adaptarse sin mitigar sería aprender a respirar dentro de una casa que sigue incendiándose.

Esta semana, el calendario parece escrito como una advertencia. Mientras la COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación se reúne en Mongolia —cuando hasta 40 % de la superficie terrestre ya está degradada—, el 27 de agosto se conmemora el Día Mundial de los Lagos y el 29, el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Tierra, agua y memoria de la destrucción humana reunidas en unos cuantos días. No son el mismo problema, pero nacen de una arrogancia semejante: creer que la naturaleza puede absorber cualquier herida sin presentarnos la cuenta.

Publicado en La Crónica de Hoy, 25 de agosto, 2026.