“...ese impulso maravilloso gracias al
cual el dolor del otro es sentido por uno.”
Arthur Schopenhauer
El pasado 24 de junio, Gustavo, un joven que vive en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, cayó de su bicicleta a causa de una coladera abierta.
Fue un golpe fuerte, por lo que lo llevaron a tomarse una radiografía. La imagen era muy clara: un hueso de su codo derecho (el olécranon) estaba fracturado. Necesitaría intervención quirúrgica.
Igual que muchos mexicanos, Gustavo no cuenta con ningún tipo de seguro médico y tampoco tiene los recursos para costear una operación en un hospital privado. Por esta razón, decidió ir al Hospital de Lomas Verdes del IMSS para buscar asistencia médica.
Cuando pidió información, le dijeron que no podían atenderlo por no ser derechohabiente y porque ese hospital no tiene convenio con el INSABI (que reemplazó al Seguro Popular). Como ya era noche, se fue a dormir a su casa con el brazo roto.
Al día siguiente, a Gustavo le recomendaron ir al Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México (a 60 kilómetros de Tepotzotlán). Llegó al área de urgencias, le hicieron una revisión por la que le cobraron un poco más de 800 pesos y le enyesaron el brazo.
Después de la revisión, el médico le entregó una receta con las siguientes indicaciones: “PACIENTE QUE AMERITA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO SIN EMBARGO POR CONTINGENCIA DE COVID 19 NO ES POSIBLE SU INGRESO SE LE INDICA ACUDIR A HOSPITAL GENERAL O REGRESAR ENTRE SEMANA A LAS 8 AM CON PRUEBA PCR SARS COV 2 NEGATIVA CON VIGENCIA MENOR A 48 HORAS PARA RECIBIR TRATAMIENTO ORTOPÉDICO DEFINITIVO”.
Es decir: busque dónde hacerse la prueba de COVID y regrese la próxima semana o váyase a otro lado.
Aquí vale la pena hacer un paréntesis. Esa misma tarde, jueves 25 de junio, el Dr. Gatell se molestó porque uno de los reporteros de la fuente que cubre sus conferencias, lo increpó de que las pruebas únicamente se le hacían a los ciudadanos privilegiados. A lo que el subsecretario contestó: “No diga esto, porque eso es sí es difamatorio (...), este gobierno no funciona así”.
La tarde siguiente el Dr. Gatell ahondó en el tema recordándole a los reporteros de la vez que tuvieron que hacerles pruebas a algunos de ellos por un caso que se había presentado en Palacio Nacional: “Por cierto ¿les cobraron por las pruebas que les hicieron a quien (sic) se las hicieron? No, a nadie le cobraron”.
Como Gustavo no vive en “Gatellandia” no le ofrecieron ninguna prueba gratis. El laboratorio más barato le cobraba 3,600 pesos y le entregaba los resultados en un mínimo de 72 horas. Tuvo que irse al Estado de México con el brazo enyesado y el codo fracturado.
Tres días después de su accidente, Gustavo regresó a la capital al Hospital Xoco. El doctor que lo revisó le dijo que su brazo estaba muy inflamado y con hematomas, por lo que tendrían que esperar hasta el próximo sábado para poder operarlo.
Hace un par de días presenté un punto de acuerdo en el Congreso de la Ciudad de México para solicitar a la Secretaría de Salud que se asegure de que existan pruebas de COVID en todos los hospitales públicos para que se realicen de manera gratuita y evitar que estos casos se repitan.
Los diputados de Morena rechazaron mi petición, así que desde aquí repito el mismo exhorto.
Al día de hoy, no sé si ya operaron a Gustavo. Ayer pude hablar con él y me dijo que se sentía bien porque no tenía dolor: “Al final, hay gente que está peor que yo”.
Tiene razón Gustavo, siempre se puede estar peor.
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD
Twitter: @jorgegavino
Facebook: JorgeGavinoOficial
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