29/9/20

NO ESTÁ BAJO CONTROL

“En estadística, lo que desaparece 
detrás de los números es la muerte”.
Günter Grass

Llevamos seis meses viviendo con la pandemia en la Ciudad de México. Una situación que parecía pasajera, hoy no permite avizorar su punto final. 
Hay que reconocer que, a lo largo de este periodo, el gobierno de la capital ha mejorado considerablemente en su manejo de la emergencia sanitaria: la comunicación se ha hecho más clara, el énfasis en el uso generalizado del cubrebocas, el incremento de pruebas de diagnóstico y un mayor esfuerzo en el rastreo de contactos, son pasos en la dirección correcta.
Sin embargo, si en algo no coincido con las autoridades de la ciudad, es con la noción de que la situación está bajo control.  
El miércoles de la semana pasada, como parte de su comparecencia ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la titular de la Secretaría de Salud capitalina expresó que la pandemia se había contenido “con relativo éxito”, que íbamos bien y que estaba controlada. 
Una de las preguntas que tuve oportunidad de hacerle a la secretaria de Salud en dicha comparecencia (y que, desafortunadamente, quedó sin respuesta) sirve muy bien para ilustrar mi desacuerdo y tiene que ver con el “Reporte de Exceso de Mortalidad” que el Gobierno de la Ciudad presentó hace un par de semanas.
Este documento nos permite comparar el total de defunciones registradas en la capital, en el periodo del 1 de enero al 31 de agosto, con las muertes “oficiales” por COVID-19 reportadas por las autoridades.
Más allá de que el subregistro de fallecimientos es evidente (30,462 muertes en exceso, contra 10,533 defunciones oficiales por COVID-19, prácticamente 3 a 1), al hacer este comparativo podemos observar cómo, en un principio, las defunciones confirmadas siguen la misma tendencia que las muertes en exceso: alcanzan su punto máximo en mayo y de ahí ambas comienzan a disminuir.
Esto ocurre así hasta el 19 de julio. A partir de entonces, la tendencia se rompe: mientras que las autoridades de la ciudad reportan una disminución en los fallecimientos confirmados por COVID-19, las muertes en exceso vuelven a ir a la alza. 
¿Por qué sucede esto? ¿Por qué oficialmente las muertes están disminuyendo pero el exceso de mortalidad no? 
Ese fue el cuestionamiento que quedó en el aire. 
Espero sinceramente que pronto haya una aclaración al respecto porque, si bien es cierto que las cifras pueden dibujar distintos panoramas según se les presente, en la realidad los muertos no desaparecen.
Al contrario: se hacen cada vez más evidentes. 

 



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LEALTAD A CIEGAS

 

A mi amigo Jaime Cárdenas, por la lealtad a sus ideas y su congruencia.


El 8 de julio de 2019, escribí un artículo que titulé “Instituto Chucho el Roto” para hacer algunas reflexiones sobre el entonces recién creado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Unos días antes, el 1 de julio, el presidente de la República presentó un informe de actividades donde enlistaba, como uno de los logros de la autodenominada “Cuarta Transformación”, el supuesto éxito de la nueva institución que reemplazó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) creado en el sexenio de Vicente Fox.

Nombres aparte, lo que llamó mi atención fue la absoluta falta de sustento legal con el que se creó el organismo, así como el manejo político que se pretendía hacer con la enajenación de bienes: el 21 de mayo, sin ley orgánica y sin presupuesto asignado, el presidente anunció en su conferencia mañanera que Ricardo Rodríguez Vargas sería el encargado de dirigir ese nuevo brazo justiciero del Gobierno de México.

En ese entonces señalé que “Crear entidades de palabra y repartir nombramientos al calor de la plaza pública, es una muy mala práctica que termina debilitando a las instituciones, cuando lo que debemos hacer es trabajar para fortalecerlas.”

Para crear un ente de gobierno es necesario seguir un proceso: darle un marco normativo, definir una estructura orgánica, establecer perfiles, presupuesto. Es como las raíces de un árbol: entre más frágiles, más vulnerable a las tempestades y a los caprichos del clima.

El 1 de junio de este año, Ricardo Rodríguez renunció como titular del INDEP. En su lugar, el 16 de junio, tomó posesión Jaime Cárdenas Gracia. Doctor en Derecho, académico, investigador de la UNAM, con una larga trayectoria en el servicio público, es alguien que sabe muy bien acerca de lineamientos, normas y reglamentos.

Para una persona con formación de abogado, que se apega a los procedimientos, dirigir un organismo con las características del INDEP no debió haber sido algo sencillo.

Está muy claro que este instituto fue creado por el presidente como una especie de “cofre” para darle al gobierno federal los recursos que necesita para llevar a cabo su política social, tal como lo señala el propio Jaime Cárdenas en su carta de renuncia.

El problema de que se vea a una entidad pública (con tanto dinero y poco fiscalizada) como si fuera una fuente inagotable de finanzas, es que nace la tentación de brincarse los procesos administrativos con tal de cumplir con celeridad los objetivos y las necesidades presidenciales.

El carácter formalista y la insistencia en los procedimientos generaron molestias. Cárdenas perdió el respaldo del primer mandatario y lo que sucedió después es de dominio público.

De igual forma, se hizo pública la exigencia máxima por parte del titular del Ejecutivo para con sus funcionarios: “Lealtad a ciegas al proyecto de transformación”.

¿Lealtad a ciegas? Para una persona de leyes y de principios este requisito es inadmisible.

Esperemos que este triste episodio de la política, pase a ser una lección sobre la importancia que tiene construir instituciones con profundas raíces legales. Sólo así serán capaces de resistir cuando soplen los vientos de la corrupción.

Al doctor Jaime Cárdenas, le reconozco su valor y su congruencia. Su renuncia tal vez no sirvió para devolverle al pueblo lo robado, pero por lo menos le devolvió algo de dignidad a nuestras instituciones, al servicio público y al Estado de Derecho.

 

 



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16/9/20

EL DESIGNADO

 

El lunes de la semana pasada, el Dr. Hugo López-Gatell anunció que había sido designado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, como la persona responsable de darle seguimiento a las vacunas contra Covid-19 que eventualmente se aplicarán en nuestro país.

Esto significa que el subsecretario estará a cargo de verificar que cualquier vacuna que pretenda ser utilizada, cumpla con todos los trámites y reglamentaciones de protección contra riesgos sanitarios. En pocas palabras: Gatell será el que diga si la vacuna es segura y los demás habremos de creerle.

La credibilidad, como su propia raíz etimológica lo indica, es la “cualidad” de aquello que puede o merece ser creído.

“Creer” es uno de los verbos más subjetivos que podemos aplicar en lo que se refiere al conocimiento, esto es: “Tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado”, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua.

La vacuna contra el Covid ha sido señalada como la llave que permitirá al mundo salir del confinamiento. Sin embargo, la prisa inherente de contar con el remedio levanta suspicacias sobre la calidad del mismo.

¿Es Gatell la persona indicada para dotarla de fiabilidad? ¿La gente confía en él?

Decidí llevar el tema a las redes sociales para ver si alguien compartía estas inquietudes y puse un video donde el subsecretario anunciaba su designación, acompañado del siguiente mensaje en mi cuenta de Twitter: “Dice @HLGatell que el Dr. Jorge Alcocer, secretario de @SSalud_mx, lo designó como responsable de que la #vacunaCOVID19 en México sea segura y cumpla con las reglamentaciones. Conociendo a Gatell, ¿ustedes se la pondrían?”*

La respuesta fue contundente: por lo menos hasta el viernes 11 de este mes, el video tenía mas de 45 mil reproducciones y 668 respuestas. De esas 668 respuestas sólo 16 personas dijeron que sí: el 2.4%.

Si bien es cierto que se trata de un ejercicio sin una metodología científica sólida y de una muestra poblacional pequeña, también es claro que existe un marcado desgaste en la credibilidad del principal estratega.

Todavía quedan muchos meses para que se materialice una vacuna. Tiempo suficiente como para que las autoridades adviertan estos signos de alarma y corrijan el rumbo.

La salud de la gente no es cuestión de credo. El designado debería saberlo.

*El tuit puede consultarse en la siguiente liga: https://twitter.com/jorgegavino/status/1303800069922025473




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EL DESGASTE DE LA PRESA


“Si sigue lloviendo, el dique se va a romper.”

Kansas Joe McCoy y Memphis Minnie



Para nadie es un secreto: estamos viviendo un desgaste institucional que puede traer consecuencias calamitosas y -querámoslo o no-, cuando las instituciones se debilitan aparece la violencia.

Esto es precisamente lo que, desde hace algunos meses, ha sucedido en el estado de Chihuahua.

En 1944, México firmó el “Tratado de Aguas” con Estados Unidos para determinar los mecanismos de asignación de las aguas de los ríos Bravo y Colorado.

Este tratado se considera especialmente beneficioso para nosotros ya que, en términos totales, México recibe más de cuatro veces la cantidad de agua de la que tiene que entregarle a los estadounidenses.

Por esta razón, el presidente López Obrador ha reiterado en varias ocasiones la importancia que tiene para los intereses nacionales el cumplir con este acuerdo en tiempo y forma.

El 19 de julio de este año, las redes sociales empezaron a inundarse con videos que mostraban un enfrentamiento en la presa “Las Vírgenes” en Rosales, Chihuahua, entre agricultores que se oponían a la extracción del agua y elementos de la Guardia Nacional, en el que las autoridades dispersaron a los agricultores utilizando balas de goma y gas lacrimógeno.

La mañana del 20 de julio, al ser cuestionado sobre el incidente, López Obrador señaló que en el país vecino están cerca las elecciones presidenciales y advirtió que un incumplimiento de nuestra parte, podría ser un buen pretexto para que algún candidato se sumara votos con la promesa de revisar los términos de este tratado.

Al mismo tiempo, el presidente mexicano señaló que en Chihuahua también está por iniciar el proceso electoral y desestimó la protesta como “oportunismo político, politiquería (...) porque están queriendo sacar raja política.”

Desde ese día, López Obrador intentó tranquilizar a los campesinos y agricultores de Chihuahua asegurando que hay agua suficiente para cumplir con el tratado sin que la población se viera afectada (porque no sólo es el agua como líquido vital para beber. La gente en Chihuahua la trabaja, la usa para sembrar y también cultiva peces en las presas).

Lo anterior fue respaldado por CONAGUA y por el Comité Nacional de Grandes Presas, conformado por distintas entidades de gobierno y por instituciones de investigación, como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la UAM.

Sin embargo, esto no fue suficiente para tranquilizar a la gente. Las protestas continuaron y cada vez que se le preguntaba, la respuesta del presidente fue la misma: Que era una cuestión de manipulación por intereses electorales.

Durante semanas, el mandatario sostuvo la misma línea y el tema pasó a un segundo plano hasta que, el 9 de septiembre, un grupo muy grande de agricultores y manifestantes se dirigieron hacia la presa “La Boquilla” en Delicias, Chihuahua, y lograron hacer que la Guardia Nacional se pusiera en retirada.

Una vez más, las redes sociales se inundaron de videos en los que se observaba la larga fila de elementos de las fuerzas armadas, marchando cabizbajos porque no pudieron cumplir con su misión, mientras la gente les gritaba: “¡Con Chihuahua no se juega! ¡Ánimo que no es culpa de ustedes, es del presidente! ¡Ánimo, gente ánimo!”

Al poco tiempo se daría a conocer que el saldo de esa protesta no fue blanco. En circunstancias que aún no están claras, dos personas civiles (un hombre y una mujer) resultaron muertos por armas de fuego activadas por elementos de la Guardia Nacional.

¿Qué motivó estas protestas? ¿Manipulación política o desconfianza en las autoridades?

De momento, la reflexión que esto nos deja es que el miedo a quedarse sin agua, puede ser mucho más poderoso que cualquier compromiso institucional... En especial, cuando la confianza en las instituciones se ha desgastado tanto que está a punto de romperse.


 



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7/9/20

LO QUE NO SE INFORMA EN EL INFORME

 

La semana pasada, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México cumplió con la obligación constitucional de remitir por escrito su informe de gestión al Congreso de la capital.
Haciendo una revisión del documento, lo primero que salta a la vista es algo que resulta consecuente con la realidad: la parte central del Segundo Informe de Gobierno es la estrategia contra la pandemia de Covid-19.
Es importante reconocer la decisión que tomó la Jefa de Gobierno de separarse de la fallida estrategia federal. Establecer el uso universal del cubrebocas e incrementar el número de pruebas de diagnóstico, han sido acciones en la dirección correcta para un manejo responsable de la crisis sanitaria.
Sin embargo, quedan pendientes importantes en lo que se refiere a transparencia e información oportuna precisamente en el tema de la pandemia. 
Uno de los principales misterios, desde hace meses, ha sido la estimación oficial del exceso de mortalidad en la ciudad. 
¿Qué es el exceso de mortalidad? Cada año la cantidad de defunciones en una población que no está en guerra o que no vive bajo condiciones extremas, es muy similar. 
Según los datos disponibles del INEGI, en el 2014 hubo 58,870 decesos en la capital; en el 2015 fueron 59,484; en el 2016 hubo 62,230; en 2017 fueron 61,984 y en 2018 tuvimos 63,213 defunciones. 
El promedio de estos cinco años es de 61,156 decesos anuales. Si lo comparáramos con el número total de defunciones que han ocurrido en 2020, podríamos saber cuántas personas han muerto a causa de la pandemia (no necesariamente de Covid-19 pero sí por la crisis que esto ha generado en los servicios de salud).
Para estos efectos, el 13 de mayo el Gobierno de la Ciudad anunció la creación de una “Comisión Científico Técnica para el Análisis de la Mortalidad por Covid-19”. 
El 25 de julio, en la conferencia diaria del Dr. Gatell, se presentaron algunos avances del trabajo de este grupo. Entonces se dijo que, hasta el 30 de junio, el exceso de mortalidad en la CDMX era de 22,366 decesos. Es decir: hasta finales de junio, habían muerto 22 mil personas más de las que mueren en promedio cada año en la capital.
¿Cuáles son los resultados actualizados de esta comisión? ¿Qué ha sucedido con el exceso de mortalidad? ¿Cuántas personas han fallecido en la ciudad y cuáles son las causas? No sabemos: en el informe no viene un solo dato al respecto. 
Estas son algunas de las preguntas que plantearemos a la Jefa de Gobierno en su comparecencia ante el Pleno del Congreso, el 17 de septiembre. 
Confiamos en que sabrá escuchar (y que les dará respuesta).




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1/9/20

LO QUE NO SE PUEDE OCULTAR

 

"Propio de todo hombre es el errar. Pero de nadie, sino del necio, el mantenerse en el error.”

Juan Luis Vives


El pasado lunes 24 de agosto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) cambiaron los lineamientos de vigilancia epidemiológica para el Covid-19 por unos que resultan muy parecidos a los nuestros: las personas asintomáticas no necesitan una prueba de diagnóstico.

Inmediatamente la comunidad científica y médica estadounidense explotó en críticas y reclamos. La mayoría de los expertos en salud pública calificaron la modificación de irresponsable y “potencialmente peligrosa”, especialmente ahora que hay un consenso casi universal (que nuestro doctor Gatell no suscribe) acerca de los beneficios de realizar más pruebas, de manera más frecuente y generalizada para poder alcanzar a los sectores más marginados de la población.

Los lineamientos anteriores de las CDC, recomendaban que todos los contactos de una persona que diera positivo al coronavirus debían realizarse una prueba independientemente de que tuvieran síntomas o no. La propia agencia hacía un énfasis específico en “el potencial de transmisión asintomática y presintomática” como un factor importante en la propagación del virus.

Por esta razón el cambio a las políticas de aplicación de pruebas fue recibido como un retroceso, un paso en la dirección errónea en el combate contra la pandemia.

Las protestas alcanzaron tal magnitud que, a los tres días de la modificación, Robert Redfield, director de las CDC, intentó aclarar que las recomendaciones seguían siendo las mismas y la Casa Blanca anunció que invertiría 750 millones de dólares en la compra de 150 millones de pruebas rápidas de diagnóstico.

¿Por qué actuaron de manera tan errática las autoridades de Estados Unidos? La respuesta más sencilla es Donald Trump. En plena contienda electoral, Trump busca mejorar sus posibilidades de reelegirse disminuyendo la cantidad de pruebas para dar la impresión de que los contagios van a la baja (aunque el resultado sea poner en riesgo la vida y la salud de millones de personas).

El control de una pandemia no depende de una sola herramienta sino que involucra una serie muy amplia de habilidades que pueden ser un indicador de buen o mal gobierno.

Hay naciones que cometieron graves errores en el manejo de la emergencia (especialmente al inicio): China se esforzó más en esconder el virus que en contenerlo, Italia se tardó en implementar la cuarentena, España, Francia, Suecia y Reino Unido minimizaron la amenaza.

Sin embargo, todos estos países aprendieron de sus equivocaciones y pudieron corregirlas. En contraste, en México las autoridades parecen están aferradas a no realizar ningún cambio, aún cuando el fracaso está demostrado.

El presidente mexicano sigue resistiéndose a recomendar el uso del cubrebocas y las autoridades sanitarias continúan desestimando la importancia de hacer más pruebas cuando precisamente son más necesarias: en la etapa de reapertura.

El pasado 22 de agosto, alcanzamos las 60 mil defunciones oficiales (y sabemos que el subregistro es enorme). Un escenario que el mismo Dr. Gatell había calificado como “muy catastrófico”. La respuesta por parte del gobierno fue decir que vamos muy bien y que contar a los muertos es amarillismo.

Dos días después de que llegamos a la catástrofe, el titular del ejecutivo dijo: “Hay cosas inocultables, desgraciadamente no se pueden ocultar los fallecidos, no es nada más medir con el número de pruebas o el número de contagios, el dato más duro y lamentable es el número de fallecidos, ¿eso cómo se oculta?”

Y efectivamente, nuestros muertos ahí estarán: como una muestra del fracaso de una estrategia que el gobierno nunca quiso reconocer.



 


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