El 6 de octubre de este año, la Jefa de Gobierno remitió el Plan General de Desarrollo al Congreso local para su aprobación. Esta acción representa un golpe contra la creación democrática de un proyecto de ciudad.
Si bien es cierto que le corresponde a la titular del Ejecutivo el remitir este Plan, la ley establece que su elaboración debe estar a cargo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (cabe resaltar que el Congreso apenas está en el proceso de revisión de una terna para nombrar al titular de dicho instituto).
El Titulo Tercero de la Constitución local sienta las bases y los principios que deben orientar el desarrollo y la planeación de la capital del país.
“La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública...”, dice el artículo 15, numeral 2 de la Carta Magna local, haciendo énfasis en el espíritu de participación ciudadana y descentralización de las decisiones que la Asamblea Constituyente buscó plasmar en nuestra ley fundamental.
El Plan General de Desarrollo se define como: “el instrumento al que se sujetarán los planes, programas, políticas y proyectos públicos...” y, una vez aprobado por el Congreso, tendrá una vigencia de veinte años.
¿Por qué veinte años?, porque los proyectos de desarrollo llevan tiempo y, para que exista una auténtica planeación en las materias de relevancia estratégica para la ciudad, se requiere definir políticas a largo plazo que estén por encima de los ciclos políticos y electorales que se dan cada tres y seis años.
De ahí la importancia de que el Plan General de Desarrollo sea elaborado por el Instituto de Planeación, tal como lo marca la Constitución, y no por la Jefa de Gobierno.
El artículo 43 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo, determina que, como parte del proceso de formulación de este Plan General: “La Jefatura de Gobierno realizará una amplia difusión del Plan y convocará a la ciudadanía para la realización de foros y la presentación de propuestas.”
¿Dónde quedaron esos foros?, ¿y la participación de la ciudadanía?, ¿para qué crear un instituto si no se van a respetar sus atribuciones?, ¿Instituto de Planeación “Democrática”?, ¿dónde queda lo “democrático” si el Plan General se elabora de manera unilateral?
Sin duda alguna, lo mejor sería dar marcha atrás y apegarse a los procedimientos legales, de lo contrario, queda la impresión de que se está pasando por encima de lo que debería ser un proceso democrático para terminar imponiendo una visión de ciudad.
En contra o por encima de la ley, nada... Nadie...