“Parieron los montes y nació un ridículo ratón.”
Horacio
El 21 de noviembre de 2018, a diez días de tomar protesta como Presidente de la República, López Obrador dio una entrevista en la que nació el compromiso de poner tres temas a consulta popular que resumo a continuación:
1. ¿Crees que el presidente deba tener un grupo que lo asesore sobre proyectos productivos?
2. ¿Crees que el presidente de México debe promover que se juzgue a Carlos Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto?
3. ¿Estás de acuerdo que se integre la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Federal y se constituya una Guardia Nacional?
Sobre la primera (que parece una gran idea), no escuchamos nada, la tercera se llevó a cabo más por imposición que por consulta, y la segunda, la del juicio a los expresidentes, se materializó en una insípida y banal pregunta el pasado 1 de octubre.
Esto acaece después de meses de expectativa y anticipación ya que prácticamente en cada mañanera, el presidente repasaba los caminos a seguir para poder realizar esa consulta contra aquellos responsables de perpetrar “el saqueo más grande que se haya cometido en la historia de México” que, según el primer mandatario, no se compara ni con los trescientos años de dominación colonial.
Al ver que las firmas no se juntaban, que el Legislativo no despertaba, López Obrador se puso manos a la obra y, el 15 de septiembre, como para empezar los festejos patrios, presentó y firmó el documento que enviaría al Senado para que la Suprema Corte determinara su constitucionalidad.
De la pregunta que salió de Palacio Nacional, los magistrados de la Suprema Corte (que tuvieron que modificarla antes de poder dar la cara) respetaron 5 palabras: “¿Estás de acuerdo o no...?”, el resto se asemeja más a un babélico contrato de servicio de telefonía e internet que luego es imposible cancelar.
La interrogante propuesta por los juristas, que ni siquiera menciona a los expresidentes, no resuelve nada en esencia. Plantea una obviedad que, indistintamente del resultado, no vincula a ninguna autoridad. Como bien lo dijo el ministro Laynez (que votó en contra): “La justicia no se consulta”.
El costo de organizar este ejercicio democrático, según lo han expresado públicamente dos Consejeros Electorales, es similar al de un proceso electoral federal.
Lo anterior equivale a más de 8 mil millones de pesos: 3 mil millones de pesos más que el avión presidencial (y por lo menos el avión volaba). Esta consulta no la tiene ni Trump.
Ocho mil millones de pesos por hacer una pregunta que no pregunta lo que se quería preguntar, parece más un insulto al pueblo que un acto justiciero.
Como puso Samaniego en su traducción de la fábula de Fedro: “Después de tanto ruido, sólo viento.”
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