“A una justicia igualitaria corresponde también una igualitaria aplicación de impuestos”
Thomas Hobbes
La ciudad de México se ha distinguido del resto del país en presentar legislaciones de avanzada, en algunas ocasiones; sin embargo, la Asamblea Legislativa se ha visto también asediada por algunos intentos de retroceso en temas fundamentales y que se entendían superados, me refiero en esta ocasión al tema fiscal.
Los mexicanos han manifestado su descontento por la implementación de políticas fiscales a las que han calificado de terrorismo fiscal, por ello, en el marco de la discusión del paquete financiero, en la comparecencia del procurador fiscal, nos opusimos de manera directa y estamos dando la pelea por evitar que en el Código Fiscal se incluyan reformas que caigan en ese supuesto.
Específicamente, me refiero a la intención de que en los artículos 497 y 498 se criminalicen las conductas de los contribuyentes, una por omisión y la otra por comisión.
La primera se refiere a un delito de defraudación fiscal que alcanzaría penas muy altas por sorprender a la hacienda pública local, al no pagar conforme al propio Código el impuesto predial; y la segunda, por una reconexión del drenaje sin el correspondiente pago del derecho.
Se pretende que el Ministerio Público se convierta en recaudador, corrompiendo su función; asimismo, se evidencia como la Hacienda de la capital al no poder aumentar la base gravable, se ensaña una vez más con los contribuyentes cautivos, pretendiendo aplicar medidas de franco y abierto terrorismo fiscal, ya que estas medidas además otorgarían un poder discrecional a la autoridad administrativa, quien ejercería funciones de juzgador invadiendo la esfera de competencia de otro de los Poderes de la Unión en el ámbito local.
Los mexicanos han manifestado su descontento por la implementación de políticas fiscales a las que han calificado de terrorismo fiscal, por ello, en el marco de la discusión del paquete financiero, en la comparecencia del procurador fiscal, nos opusimos de manera directa y estamos dando la pelea por evitar que en el Código Fiscal se incluyan reformas que caigan en ese supuesto.
Específicamente, me refiero a la intención de que en los artículos 497 y 498 se criminalicen las conductas de los contribuyentes, una por omisión y la otra por comisión.
La primera se refiere a un delito de defraudación fiscal que alcanzaría penas muy altas por sorprender a la hacienda pública local, al no pagar conforme al propio Código el impuesto predial; y la segunda, por una reconexión del drenaje sin el correspondiente pago del derecho.
Se pretende que el Ministerio Público se convierta en recaudador, corrompiendo su función; asimismo, se evidencia como la Hacienda de la capital al no poder aumentar la base gravable, se ensaña una vez más con los contribuyentes cautivos, pretendiendo aplicar medidas de franco y abierto terrorismo fiscal, ya que estas medidas además otorgarían un poder discrecional a la autoridad administrativa, quien ejercería funciones de juzgador invadiendo la esfera de competencia de otro de los Poderes de la Unión en el ámbito local.
@jorgegavino
(Publicado en La Crónica de Hoy el 12 de diciembre de 2014)
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