LA CONTRALORÍA, INSTRUMENTO DE VENGANZA

(Publicado el 13 de agosto de 2001 en El Día)

“Los carniceros de hoy,

serán las reses de mañana.”

Refrán popular

Es una práctica cotidiana, que al producirse relevos institucionales si el relevante no es del mismo partido o grupo político que su antecesor, recurrirá a las Contralorías de los Estados y de la Federación, como un instrumento para ajustar cuentas o para ganar popularidad; enviando con ello un mensaje a la sociedad de que antes todo era corrupción, pero a partir de ese momento todo será honorabilidad. Sin embargo, este discurso se ha venido oxidando y desgastando con el transcurso del tiempo por el abuso de la demagogia, y lo único que se ha logrado es un deterioro en el gobierno.

Pongamos como ejemplo, al muy mal llamado “Zar Anticorrupción” Francisco Barrio, quien no cumplió su ofrecimiento de encauzar a este “gobierno democrático” en el sendero de la honradez. El asunto de los gastos excesivos de Los Pinos fue, sin duda, una dura prueba, no superada; y los intentos por transparentar los gastos y licitaciones del Gobierno a través de Compranet y de Tramitanet, así como los más de 30 programas para erradicar la corrupción, le cuestan al país unos 30 mil millones de dólares al año.

En fechas recientes, el PRI acusó al Gobierno Federal de utilizar las investigaciones de la Contraloría como estrategia político-electoral, aseguró que se ha comprobado la fabricación de escándalos que, casualmente, coinciden con los procesos electorales, y lo culpó de prefigurar delitos sin pruebas contundentes, poniendo como ejemplo la denuncia infundada que fue publicada en un diario nacional en contra del ex Secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Mayolo Medina, por presuntas irregularidades administrativas. Asimismo, se exigió al Secretario de la Contraloría actuar conforme a Derecho, basándose en certezas, no en sospechas y mucho menos en orientaciones políticas.

En respuesta, Barrio se comprometió a que ningún proceso inconcluso sería dado a conocer; sin embargo, la semana pasada se publicó en El Universal una investigación realizada por Secodam a la exdirectora general y otros ex-servidores públicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sin elementos jurídicos en su contra y causándoles un desprestigio político, económico y moral que difícilmente será reparado.

Para colmo de males, el “zar anticorrupción” es investigado por peculado, administración fraudulenta, tráfico de influencias y responsabilidades administrativas cometidas en el Estado de Chihuahua, entidad que gobernó de 1992 a 1998; si fuéramos parejos, Barrio tendría que renunciar al cargo por el cual mantiene fuero y enfrentar las acusaciones como en su oportunidad se le exigió a Espinosa Villarreal. Pero por si esto fuera poco, el periódico Reforma divulgó el pasado 22 de julio que “el actual titular de la Secretaría de la Contraloría, cuando era Gobernador de Chihuahua adquirió equipo Motorola para armar las Redes Estatales de Telecomunicaciones, pero se compró incompleto y no se pudo operar. Al asumir el cargo el actual mandatario priísta, Patricio Martínez, se encontró ese equipo guardado en bodegas, el cual tuvo que ser “rescatado” por el Sistema Nacional de Seguridad Pública luego de aportar una partida extra de 4 millones de pesos para ponerlo a funcionar”. Coincidentalmente, Motorola inauguró una planta en Chihuahua en 1996, cuando Barrio era Gobernador de la entidad.

Luego de todo este tironeo político-electoral, que ya se ha trasformado en un verdadero chiquero, a la Secodam le será muy difícil mantener la credibilidad. La Contraloría es una institución que, por definición jurídica, actúa de buena fe al prever y evitar malos manejos administrativos, salvaguardando la honradez y la eficacia en el servicio público, y sancionando ejemplarmente a los servidores públicos que cometan irregularidades administrativas o delitos. Pero si la Contraloría se convierte en un instrumento de venganza y se politiza, entonces queda inhabilitada y se vuelve obsoleta.

A través de un decreto, el Congreso de la Unión emitió la normatividad para el ejercicio presupuestal de este año señalando lo que debía ser gastado; no obstante, el Ejecutivo Federal y sus Secretarías no lo han ejercido convenientemente y la Secodam no hace absolutamente nada para sancionar tales subejercicios; se dedica a perseguir a los que son de otra pandilla, a los que no son del grupo, a los chivos expiatorios.

El artículo 79 de la Constitución señala que la entidad de fiscalización superior de la federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones entre las cuales se encuentran las de investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales; determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales; fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes; promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de la Constitución; y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.

Es claro que, de manera exclusiva, la Constitución da al Poder Legislativo a través de su órgano de fiscalización superior, la posibilidad de fincar responsabilidades y presentar denuncias y querellas penales contra los servidores públicos del ejecutivo que incurran en responsabilidades. Por tanto, resulta incomprensible que el Congreso de la Unión no le haya puesto un hasta aquí a la Secodam en la clara transgresión e invasión entre poderes en la que ha incurrido.