¿INSTRUIR O DESTRUIR?

(Publicado el 3 de octubre de 2006 en Rumbo de México)

“La razón es un monarca condenado a luchar

de continuo con las pasiones sublevadas.”

Jaime Balmes*

Oaxaca, al igual que otros estados de la República Mexicana, es una entidad que destaca a nivel mundial por sus regiones prehispánicas y sus zonas naturales; además de estar llena de cultura y tradiciones propias.

El centro histórico de la capital oaxaqueña es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Su cerámica y su arcilla negra la identifican como la entrada al mundo mágico de las artes plásticas; la sapiencia y conocimiento de los mixtecos y zapotecos han quedado manifiestos en los muros de los asentamientos de Monte Albán, Mitla y Zaachila; una mezcla de lo católico y lo indígena caracteriza a sus festividades como la Guelaguetza que a tantos visitantes convoca; su comida fusiona ricos sabores que van de lo precortesiano a lo español; sus parajes son cuna de personajes famosos de nuestra historia; y así podríamos continuar enumerando las muchas maravillas que dan vida a este lugar en el sur del país.

Desgraciadamente, tan bellas imágenes han sido minadas por un conflicto que hoy en día raya en el anarquismo, y lo más grave de este acontecimiento es que el apóstol de la educación ha abandonado a la niñez oaxaqueña. La situación que prevalece en Oaxaca se encuentra alejada del estado de derecho, ha rebasado a la autoridad estatal y ha derivado en un conflicto político que sitúa al Estado Federal en una encrucijada entre la negociación y los acuerdos pacíficos por un lado, o la imposición estricta del peso de la autoridad por el otro. ¿Qué medidas debiera aplicar el Estado para sanear ese trance?

Como obligación de cualquier soberanía, ya sea estatal o federal, está la de salvaguardar la seguridad de la vida de los gobernados y proteger su patrimonio. Esta función es realizada por los gobiernos en el ámbito de las facultades que les son conferidas por su carta magna, valiéndose de las distintas instituciones competentes para ello. Los gobernados otorgamos a los gobernantes la potestad del ejercicio del poder político en el momento en los elegimos por medio del voto democrático; por lo tanto, lo que el pueblo espera es que el Estado ejerza su atribución cuando el entorno ciudadano se ve desprotegido.

Este conflicto, que dio inicio el pasado 22 de mayo pasado, con la huelga de maestros que exigían aumentos salariales y mejoras en sus condiciones de trabajo, fue después respaldado por organizaciones estudiantiles, campesinas y sindicatos independientes. Tales grupos, en su conjunto, rebasaron más tarde a la sección sindical de maestros y formaron la denominada “Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca” y mejor conocida como APPO, cuya demanda principal pasó a ser la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.

De esta forma, un conflicto laboral se convirtió en un conflicto político que ha dejado sin garantías de seguridad al pueblo oaxaqueño y ha arrojado un saldo, al cabo de cuatro meses, de decenas de heridos, muertos, barricadas, enfrentamientos, secuestros, cierre y quiebra de negocios, toma de instalaciones estatales y de estaciones de radio, cancelación de la Guelaguetza, quema de transporte público, salida de turismo nacional e internacional, y la suspensión de clases para los alumnos de Oaxaca.

Las pláticas que el Gobierno Federal intentó entablar con los miembros de la APPO siguen decayendo porque no hay punto de acuerdo, la APPO dejó manifiesto que sus pretensiones están por encima de los perjuicios causados a la niñez oaxaqueña y a la población en general. Sin embargo, el daño ya está hecho y es la niñez la que lo padece, hecho que por sí mismo descalifica cualquier tipo de lucha, más aún si ésta se torna en un nihilismo demencial, pues estos luchadores populares y magistrales utilizan a los menores estudiantes como rehenes para lograr su sinrazón.

Por su parte, los padres de los menores se ven impedidos para darles lo que resulta la mejor herencia para ellos: la educación. Los niños se ven confinados a no salir a la calle, no sólo por que las escuelas están cerradas, sino por el temor de ser atacados por un soso de la APPO o incluso, agredidos por aquellos que algún día les impartió clases. Sin educación, los niños de Oaxaca estarán impedidos, serán mutilados, muchos serán condenados a vivir en la pobreza, puesto que por sus condiciones económicas, la mayoría no tiene oportunidad de migrar a otros estados para continuar sus estudios y mucho menos tienen los recursos para contratar maestros privados que los saquen de este atolladero.

Es evidente que si pierden el año escolar, significará para ellos y sus padres una etapa que no podrá ser recuperada, disminuyéndoles, cuando no quitándoles, futuras oportunidades laborales o de realizar estudios superiores. Qué lástima que aquellos que juraron instruir, ahora dediquen su tiempo a destruir. Se están agotando las negociaciones, el camino empieza a obstruirse; es tiempo de que el Gobierno Federal busque nuevamente una alternativa para que Oaxaca retorne a su cauce y trate de recuperar, en años, lo perdido en meses. También es tiempo de reflexión para los oaxaqueños sobre la legitimidad de su actual gobierno; pero sobre todo, es tiempo para que el Gobernador Ulises Ruiz, considere la necesidad de ubicar o no en la mesa política su renuncia para poder garantizar algo que él no supo salvaguardar: la tranquilidad de su pueblo.

*Jaime Luciano Balmes Urpía. (1810-1848) Filósofo y teólogo catalán. Se doctoró en teología en la Universidad de Cervera. Su primera obra, Consideraciones Políticas Sobre la Situación de España tuvo cierto éxito, y en 1845 se trasladó a Madrid donde fundó el periódico El Pensamiento de la Nación.