(Publicado el 24 de diciembre de 2001 en El Día)
“Los impuestos son la carga fiscal que tienen
que pagar las personas que se encuentran
en la situación jurídica prevista en la ley...”
Diccionario Jurídico*
Seguramente de buena fe, la Cámara de Diputados aprobó el impuesto sobre la renta que, al recibir el visto bueno de la Cámara de Senadores, deberemos pagar todos los contribuyentes al cobrar nuestro sueldo, al recibir un pago, o al obtener una ganancia. Seguramente, estas reformas originarán un terrorismo fiscal por parte del poder Ejecutivo, cuyas principales víctimas, es decir, los más revisados serán los medianos y pequeños empresarios, en beneficio de los grandes corporativos nacionales; asimismo, surgirán terribles embargos precautorios.
Sin embargo, el problema no está en la ley aprobada, sino en la aplicación discrecional de la misma por parte de la autoridad correspondiente. Los diputados tienen razón en parte, pues existe la necesidad de rescatar la filosofía de las contribuciones, los impuestos deben ser la herramienta para redistribuir el ingreso y la palanca del progreso.
Se argumenta que la reforma va encaminada a frenar la gran evasión fiscal, pero los legisladores de la Cámara Baja no contemplaron que estamos en México y que los Servidores Públicos de la Secretaría de Hacienda, no son los mejores burócratas del mundo, ni los más honrados, ni los más probos en lo que respecta al “Servicio Público”.
De manera que, los diputados incluyeron medidas que facultan a la Secretaría de Hacienda para supervisar y castigar severamente la evasión; los contribuyentes deberemos declarar todos los ingresos y la autoridad podrá investigar si realmente lo declarado corresponde a nuestros ingresos reales.
Mientras todo eso se discutía en el Congreso de la Unión, el sector empresarial anunció en días pasados que durante el año entrante no se realizarán revisiones salariales contractuales como se había venido haciendo en los últimos cuatro años, y que se preveían aumentos de tres a cinco puntos por encima de la inflación. Y es que los incrementos aprobados recientemente por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fueron vistos por los empresarios como “una mala señal” que, según argumentaron, contraviene las expectativas económicas de crecimiento e inflación previstas para el 2002 y atenta contra la creación de fuentes de trabajo.
El sector empresarial, conjuntamente con el actual gobierno, propicia una política de congelamiento de salarios e ingresos, predica un sistema deflacionario que perjudica a las clases de menores percepciones y beneficia a los privilegiados, condiciona la reducción del impuesto sobre la renta a la ampliación de la base gravable y a la imposición del IVA sobre libros, alimentos y medicinas; lo que está oculto detrás de todo esto es la intención de que un nuevo impuesto sea la vía por la que lleguen ingresos de las clases pobres a las clases ricas.
Los poseedores del gran capital se declaran a favor de la creación de condiciones que permitan resarcir el poder de compra de los obreros, pero no a costa de sacrificar las fuentes de ocupación y el aparato productivo. Ahora, dijeron, tendrán que concretarse acuerdos que permitan un equilibrio entre los factores de la producción sin menoscabo de ninguna de las partes. Se olvidan de que, con este sistema neoliberal en el cual estamos inmersos, son ellos los únicos que han obtenido privilegios; son ellos, junto con los políticos corruptos, los únicos que han seguido enriqueciéndose a costa de los obreros, campesinos y asalariados que ven con desesperación cómo cada quincena se reduce su ya de por sí raquítico ingreso, al tiempo que ven subir sin cesar los precios de los alimentos, las medicinas y el transporte.
Hace dos semanas el ex-procurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, había anunciado que algunos comunicadores y empresarios estaban siendo investigados por defraudación fiscal; a finales de la semana pasada anunció de manera sorpresiva que ‘’por cuestiones de índole personal’’ dejaría el cargo a partir del primero de enero de 2002. En sus más recientes declaraciones, Reyes Orona había revelado presiones ejercidas por la Secretaría de Gobernación para frenar las revelaciones sobre los casos investigados. El funcionario siempre habló de peces gordos, igual que el Presidente Fox y el Secretario de la Contraloría, pero nunca divulgó los nombres.
El año que entra estrenaremos un nuevo y flamante Procurador Fiscal de la Federación, los ofrecimientos que hizo el anterior de detectar corruptos y evasores, y de recuperar recursos multimillonarios para el fisco, quedaron sólo en promesas incumplidas; pero lo realmente importante no son los cambios que dentro del gabinete se realicen, el Presidente tiene ese derecho; lo realmente trascendente son los motivos que provocan esos cambios, porque apuntan a una de tres: una ineptitud manifiesta e imposible de seguir tolerando; una corrupción insostenible en un gobierno que supuestamente, y sólo supuestamente, es de cambio y transición; o es que realmente el Procurador Fiscal empezó a pisar callos que dolieron simultáneamente al sector empresarial y a su cómplice, el Poder Ejecutivo.
*Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tomo I-O. 1638. Editorial Porrúa. Décimo segunda edición. México, 1998. Página 1638.
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