Reflexiones en el tiempo

23/8/21

NUEVA MITOLOGÍA

 


 

Publicado en: La Crónica edición impresa 23 de agosto de 2021
 
 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD


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NICARAGUA, EL PELIGROSO RETORNO

“Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita

Yo te quiero mucho más”

Carlos Mejía Godoy


La vida da vueltas, afirman los viejos sabios. En la Antigüedad se pensaba que la diosa Fortuna se encargaba, precisamente, de las fortunas y adversidades de toda la humanidad. Se le representaba con una rueda o ruleta, además de ser reconocida como una deidad caprichosa. Lo mismo se podía estar arriba, en la gloria, la cima, e instantes después abajo, en la más terrible calamidad, en la sima; para luego volver a ascender y así, cíclicamente

De alguna manera, esos ciclos se han observado en el curso de las naciones antiguas y modernas. ¿Hay forma de “escapar” de aquel adagio que condena a repetir la historia por no conocerla? Aquí es necesario pensar las ocasiones en que la historia se manipula desde los discursos oficiales, provocando, inevitablemente, que algunas situaciones se repitan. Quizá a algunos les convengan esas manipulaciones.

Tal es el caso de Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua, que está por concluir su cuarto mandato en medio de fuertes controversias. Lo que resulta extraño con Ortega, más allá de su prolongado mandato, es el vuelco que representa: Quien fuera uno de los personajes claves para entender una transición fundamental y revolucionaria de América Latina (con epicentro en Nicaragua), se ha convertido en todo aquello que combatió hace casi cincuenta años.

Su primer periodo (1985-1990) estuvo antecedido por su vital actividad en la construcción democrática de Nicaragua. Combatió civil e intelectualmente la dictadura de los Somoza desde el Frente Sandinista de Liberación Nacional, consumando el triunfo de la revolución en 1979 bajo la bandera de la teología de la liberación.

El ascenso del sandinismo fue interrumpido en 1990 por un grupo contrarrevolucionario llamado Resistencia Nicaragüense. Ortega se postuló varias veces hasta que volvió a ser presidente y, desde 2007 a la fecha, ha pisoteado la Constitución con tal de no dejar el poder. La revolución mutó en corrupción y en persecución política de la disidencia, la cual va desde el encarcelamiento hasta la muerte de los opositores al régimen orteguista.

El próximo 7 de noviembre habrá elecciones presidenciales en Nicaragua, pero, desde finales de mayo, en una acción digna de cualquier manual totalitario, las autoridades han detenido a 32 líderes de la oposición, incluyendo siete aspirantes a la presidencia y entre los que se encuentra Cristina Chamorro: hija de Violeta Barrios (quien le ganó a Ortega en 1990).

En 1972, Carlos Mejía Godoy escribió una canción que, unos años después, pasaría a considerarse un segundo himno nacional con el triunfo de la revolución. Hoy, Carlos y su hermano Luis Enrique viven en el exilio por sus críticas contra la dictadura sandinista: "No ceso de reclamarle al gobierno que usen nuestras canciones como 'banda sonora' del crimen, el terror y el genocidio. Pero ellos, en su arrogancia, creen, en el paroxismo de la mitomanía, que sus 'vidas ejemplares' nos han inspirado nuestras trovas…”.

Desde México hago votos para que pronto puedan retornar a su patria y entonar con orgullo su canto.


¡Viva Nicaragua Libre!

 

 

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SISTEMA PENITENCIARIO: LA REFORMA EN MEDIO DE UNA CRISIS SANITARIA

"El grado de civilización de una sociedad se mide entrando a sus cárceles.”

Dostoyevski

La gestión de los servicios penitenciarios es un eslabón débil de los sistemas de justicia penal de la mayoría de los países. Los sistemas penitenciarios, y los más de once millones de presos que hay en el mundo, se han visto golpeados de manera desproporcionada por la pandemia. Se estima que hay más de 527,000 prisioneros que se han infectado en 122 países, y que más de 3,800 han muerto.

Si antes de la pandemia ya muchos sistemas penitenciarios luchaban para poder satisfacer las necesidades básicas de los internos, y garantizar la salud dentro de las cárceles, hoy la situación resulta en un real riesgo sanitario.

En este contexto, la Ciudad de México, con sus cárceles sobrepobladas, niveles excesivos de hacinamiento, violencia, corrupción, tráfico de influencias, mafias, pago de cuotas, etc., se enfrenta ante la problemática de combatir la pandemia dentro de estos espacios.

Sin entender y atender primero este grave problema, el gobierno capitalino decidió enviar al congreso local una reforma de ley que busca desincorporar a los centros de reclusión de la Secretaría de Gobierno.

El Sistema Penitenciario de la Ciudad quedaría bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y, más allá de lo obvio, esta modificación deja entrever un trasfondo menos transparente; los motivos parecieran ser más de índole económica y política, que de beneficio para el propio sistema.

Si lo que se pretende modificar es el enfoque punitivo que ha prevalecido en nuestro país a lo largo de los años, las respuestas están en otro lado. Un mando policiaco abraza una herramienta punitiva, y no de reinserción social.

Al Instituto de Reinserción Social, que depende de la Secretaría de Gobierno, le compete el elaborar el Programa de actividades para la reinserción social y de trabajo postpenitenciario. Empero, la iniciativa elimina lo concerniente a la asistencia postpenitenciaria, vigente en la ley actual.

Pese a los compromisos hechos en esta materia, que buscan encaminar la formación y la capacitación hacia otra área, su cumplimiento está aún por verse. Como ha dicho Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta: entregar el manejo de los centros de reclusión a la Policía es un reconocimiento de que las cárceles son un factor de inseguridad, alejadas del objetivo de reinserción social.

Además, si la reforma busca la actualización de los protocolos de actuación, con perspectiva de género y protección de los derechos humanos, se tendría que estar pensando también en una reforma de tipo presupuestario.

Como se ha visto en las mejores prácticas a nivel global, transformar el sistema bajo un proyecto de reinserción social, en una ciudad donde se reconoce abiertamente una política penitenciaria fallida, debe de contemplar muchos más aspectos que el cambio de mandos.

Países como Noruega, Holanda o República Dominicana en América Latina, dan ejemplo de una normatividad humanizada; una infraestructura penal enfocada en los derechos humanos; un efectivo acompañamiento con cuidados comunitarios a quienes sufren de problemas psiquiátricos, y un distanciamiento del enfoque punitivo, centrado en un principio de normalidad.

La reforma en comento se mantiene pese a los pronunciamientos de instituciones de derechos humanos sobre la necesidad de fortalecer el enfoque de regeneración del tejido social. La moneda está en el aire.

 

 

 
 

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LAS MUJERES: EL GRUPO INCÓMODO PARA EL GOBIERNO MEXICANO

 


 

 

Publicado en: Central Municipal edición impresa agosto de 2021
 
 

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LA JUSTICIA SE IMPARTE, NO SE CONSULTA

Por aquellos años de 1580, en los Ensayos de Montaigne, las jergas de Galimatías cobraban relevancia al referirse a asuntos ininteligibles. Hoy, el término galimatías resulta un perfecto calificativo para describir la tan enunciada pregunta que se hará en la consulta ciudadana de próximas fechas.

Dicha pregunta es un tanto diferente a la que permeó en el colectivo nacional. En este punto, vale la pena recordar que dicha interrogante sufrió una serie de modificaciones para adecuarse a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) palomeó.

La primera versión, planteada por López Obrador, cuestionaba al participante si consideraba que el presidente debía de promover que se juzgara y no solo se persiguiera a “chivos expiatorios”; además, si se debían de revisar las responsabilidades en delitos de corrupción y, otros más, a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

No perdamos de vista que la Constitución, en su artículo 35, mandata que son derechos del ciudadano, entre otros, votar en las consultas populares, las cuales serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

En esta lógica, en agosto de 2019, los senadores de Morena hicieron la petición de una consulta ciudadana. La segunda versión de pregunta que propusieron fue la siguiente: “¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”.

En septiembre de ese año, Mario Delgado formalizó la solicitud y advirtió que la consulta debía de contener un único cuestionamiento (versión tres): “¿Debe garantizarse el derecho a la verdad y la justicia del pueblo de México por los hechos de corrupción en que pudieron haber incurrido los expresidentes de la República mediante las investigaciones correspondientes, salvaguardando el debido proceso y la presunción de inocencia?”.

Delgado informó que había entregado alrededor de 300 mil firmas, que resultaron insuficientes para alcanzar el 2 por ciento de la lista nominal que se requiere por ley. Un día después, el Gobierno Federal entregó al Senado la solicitud de consulta ciudadana y, tras el proceso de verificación del INE y de revisión por parte de la Corte, el magistrado Aguilar declaró que era inconstitucional.

Entonces, el galimatías disfrazado de pregunta que hoy ponen a consideración, se lee así: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Sumado al lenguaje complicado y sin sentido de esta pregunta, debemos reflexionar, si es obligación del Estado Mexicano llevar a cabo las acciones legales y pertinentes para garantizar la justicia y los derechos de toda la ciudadanía, ¿por qué someterlo a consulta?

 

 

 
 

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9/8/21

TURISMO ESPACIAL, CATÁSTROFE TERRENAL

 


 

Publicado en: La Crónica edición impresa 9 de agosto de 2021
 
 

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2/8/21

A JUICIO


 

 

 

Publicado en: La Crónica edición impresa 2 de agosto de 2021
 
 

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RETÓRICA DE LA CONSULTA

“Existe la posibilidad de que un gobierno se equivoque sistemáticamente en la apreciación de las necesidades de su pueblo.”

Jorge Ibargüengoitia


Cuando no hay autoritarismo de por medio, los ejercicios democráticos suelen ser vistos como un ejercicio sano y necesario dentro de las sociedades contemporáneas (aunque la perspectiva viene de mucho tiempo atrás). Sin embargo, el asunto de la democracia es algo complejo y guarda relación con los procesos históricos de cada Estado.

Mañana, 1° de agosto, se llevará a cabo una inédita consulta promovida con bastante ahínco por el gobierno y su partido oficial. En primera instancia, Morena quería que la gente pudiera decidir que se juzgara a los expresidentes de la República. Los nombres aparecerían en la boleta, buscaban que la aplicación de la ley estuviera dirigida a un grupo específico de personas, un despropósito más cercano a un juicio inquisitorial que a una consulta popular.

En lugar de aplicar la ley, se pondría a consulta: sería el pueblo quien dirigiera su dedo flamígero en contra del grupo señalado por el régimen de la 4T.

Se cuenta que hace cientos de años ocurrió una historia similar. Arístides fue un estadista ateniense que vivió en el siglo V antes de nuestra era. Lo llamaban “el Justo”, en reconocimiento a su honorabilidad. Arístides se opuso a las intenciones del general Temístocles (hombre cercano al pueblo) de convertir a Atenas en una potencia marítima militar.

La postura de Arístides no prosperó: su oposición fue considerada una mala conducta, contraria a la soberanía popular, y se llamó a una asamblea para someter a votación su destierro (los griegos le llamaban “ostracismo”). La gente habría de decidir el destino de una persona de quien probablemente no tenía noticia ni de su existencia ni de las razones para participar en dicho ejercicio.

Según Plutarco, el día de la consulta, un analfabeto se le acercó a Arístides para pedirle que lo ayudara a escribir en la tablilla el nombre del próximo desterrado y condenarlo. Arístides le preguntó: “¿Qué mal te ha hecho Arístides?”. El hombre respondió: “Ninguno. Y no le conozco, pero me fastidia oír que por todas partes le llaman el Justo”.

Una contestación irrebatible. La opinión pública había hecho de las suyas: el estadista estaba condenado de antemano por lo que se había dicho de él, incluso por las cosas buenas. Arístides de Atenas fue desterrado por un pueblo que se consideraba bueno y sabio.

Es cierto que la impunidad es uno de los principales problemas que aquejan a nuestro país, también lo es que nuestra democracia se robustece con ejercicios de participación ciudadana. Pero ¿la aplicación de la justicia debe quedar en manos de la opinión pública, la tornadiza vox populi? ¿Y las autoridades judiciales, por qué no hacen su trabajo?

Recuperando las palabras de mi genial tocayo guanajuatense que sirven de epígrafe a este texto, las equivocaciones sistemáticas de este gobierno llevan el asunto hacia otro lado mientras se despojan de sus responsabilidades inherentes.

No importa qué resulte de la consulta. Si cualquier servidor público, de tiempos presentes o pretéritos, ha cometido algún delito: debe ser juzgado conforme a derecho.

 

 

 
 

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